La patronal CEOE está maniobrando para derogar la anulación de todos los despidos amparados en la actual crisis del coronavirus. Su vicepresidente, Josep Sánchez Llibre, duda de la constitucionalidad de un decreto que, a su juicio, "atenta contra la libertad de empresa" y ha añadido que se trata de una decisión "unilateral, gravísima e injustificada".
Por ello, la patronal está analizando al detalle con el objetivo de presentar un recurso de inconstitucionalidad que permitiese la derogación inmediata de esta medida. Sánchez Llibre lo justificaba: "No podemos tolerar que se ponga en duda la honorabilidad de los empresarios y que se nos ponga bajo el foco del fraude por abusar del Covid-19". Y concluía: "Quien genera trabajo son los empresarios y no el Boletín Oficial del Estado".
La medida aprobada desde el Ministerio de Trabajo busca canalizar todos los despidos a través de la figura del ERTE, lo que permitiría que los trabajadores volvieran a ser readmitidos tras la actual crisis en un plazo situado entre tres y seis meses. El Gobierno busca, con ello, reducir el impacto inmediato del shock y mantener una masa laboral en activo considerable con el objetivo de sostener a un país al que se le ofrece el rescate desde la Unión Europea.
Porque los datos que se están dibujando durante las últimas jornadas no son nada halagüeños. En los últimos diez días se han presentado un total de un millón de despidos, la gran mayoría sin verse afectados por la presente medida porque no tiene carácter retroactivo. Además, hay 240.000 ERTE que afectan a dos millones de trabajadores. Los sindicatos CCOO y UGT consideran que la derogación del despido ha salvado alrededor de un millón de empleos.
Recuperación en 'V'
Mientras que la patronal busca la inconstitucionalidad de esta medida, el Gobierno lo confía todo a la recuperación en 'V' a la que aludió Pedro Sánchez durante la rueda de prensa en que anunció esta medida.
En Moncloa se cree en la tesis de que la vuelta repentina de toda la masa laboral a sus puestos de trabajo, justo el día posterior al final de la crisis del coronavirus, podría permitir un fuerte impulso que recupere la normalidad. Y, con ello, que la economía implosione hasta recuperar, en la medida de lo posible, los datos en los que se estaba moviendo en el periodo anterior a la pandemia.
Sin embargo, no hay consenso con esta tesis. Las dudas sobre la desconfianza entre la población por el miedo a los contagios, unido al empobrecimiento y el temor a perder los puestos de trabajo; pueden desencadenar en que la gente prefiera optar por el ahorro y el movimiento de dinero continúe congelado.
También surge la duda sobre la aplicación de este decreto, que señala a los jueces la necesidad de anular los despidos amparados por el coronavirus o las indemniaciones hasta 33 días. Sin una ley que lo ampare, en principio los jueces deberían acogerse a esta norma, pero puede haber conflicto con aquellos que opten por aplicar la ley que permanece vigente, ya que en realidad no se ha modificado.
Por el momento, Moncloa considera beneficioso que el país mantenga una masa laboral que sea la responsable del impulso que necesitará la economía. En una sociedad que se adentra en los cinco millones de parados, con la amenaza del rescate enviada desde la Unión Europea y con la sombra de la crisis del 2008; su apuesta será decisiva para el futuro inmediato de la economía española.
