Los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO han solicitado aplicar el artículo 155 de la Constitución en Castilla y León ante la "insumisión" que aprecian en la Junta, gobernada por PP y VOX en una coalición, y de este modo intervenir el Gobierno como sucedió en Cataluña durante la declaración de independencia.
En una rueda de prensa, el secretario de Acción Sindical de CCOO CyL, Fernando Fraile, ha llamado al Gobierno central a aplicar este mecanismo constitucional para intervenir la Junta porque "se ha declarado en rebeldía" al bloquear la financiación del Serla.
Dicha comparecencia, que también ha contado con la presencia de UGT, a través de su delegado sindical Nicanor Sen, ha mostrado una petición conjunta ante la falta de financiación del Serla, el mecanismo de mediación y arbitraje, que vulnera el reconocimiento de estos derechos, según reconoce la legislación laboral.
"La Junta por la vía de los hechos se viene declarando insumisa, en rebeldía, porque no cumple con sus obligaciones, que es ejecutar la legislación laboral y cumplir con la mediación", ha denunciado Fernando Fraile, de CCOO.
En este sentido, ha recordado que existe una sentencia del Tribunal Supremo que otorga al Serla la exclusividad en esta materia dentro de la comunidad autónoma, derivada del Acuerdo sobre Solución Autónoma de Conflictos Laborales (ASAC), firmado entre empresarios y sindicatos, avalado por los servicios jurídicos de la Junta de Castilla y León. En este sentido, ha explicado que las competencias en conflictos colectivos en Castilla y León "no pueden ser asumidas" por los Servicios de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de la Junta.
"Vulneración de derechos fundamentales"
Por estos motivos, Fraile ha denunciado que se está produciendo una "vulneración de derechos fundamentales, como la libertad sindical y a la negociación colectiva".
El secretario de CCOO ha remarcado que han pedido en reiteradas ocasiones la intervención del Gobierno en este conflicto y que, gracias a la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz y sus requerimientos, se ha logrado no liquidar el Serla, cuando el consejero Mariano Venganzones "se vio obligado a dar marcha atrás cuando querían extinguir el organismo".
El artículo 155 de la Constitución Española se ha aplicado tan solo en una ocasión, con motivo de la Declaración Unilateral de Independencia decretada desde el Parlament de Cataluña en el marco del procés independentista. Activa un mecanismo constitucional para la intervención de una comunidad autónoma cuando "atente gravemente contra el interés general de España" y requiere de mayoría absoluta del Senado para "adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del interés general".
Esta no es la primera ocasión en que se solicita la aplicación del artículo 155 en Castilla y León, autonomía gobernada por una coalición de PP y VOX. En enero de 2023, ante las discrepancias en el seno de la Junta entre PP y VOX por el anuncio del líder de esta última formación de obligar a los médicos a ofrecer el latido fetal a las mujeres que acudieran a ejercer su derecho al aborto, Moncloa salió al paso para anunciar "todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente".
En este sentido, fue Podemos quien entonces planteó la posibilidad de activar el artículo 155 de la Constitución para la intervención parcial de la autonomía de Castilla y León como vía para la resolución de este conflicto.
