Cataluña declarará de manera inmediata su independencia del resto de España en el caso de que el Estado impida la celebración del referéndum de autodeterminación, previsto para los próximos meses de septiembre o principios de octubre.
Según recoge el borrador secreto de la Ley de Transitoriedad Jurídica (conocida como Ley de Ruptura), el documento pretende funcionar como constitución provisional catalana durante el plazo de dos meses hasta que se elabore el texto constituyente que desemboque en la "república parlamentaria" de Cataluña, según relata el diario El País.
"Si el Estado español impidiera de manera efectiva la celebración del referéndum, esta ley entrará en vigor de manera completa e inmediata cuando el Parlamento constate este impedimento", se recoge en el texto del borrador.
Todo ello plantea, finalmente, un importante desafío a las instituciones españolas tras la imposibilidad de haber alcanzado un acuerdo entre Gobierno central y Generalitat que impida la celebración de un referéndum con las garantías suficientes para que cuente con validez jurídica.
De esta forma, en el borrador de la ley también aparece de manera explícita la pregunta a realizar en un referéndum: "¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente de España?". El texto contempla, además, que la decisión se apruebe con una mayoría de votos a favor (aunque sea muy reducida) y sin establecer un mínimo de participación, lo que haría que la decisión fuera vinculante.
El texto plantea además que la ley se pueda aprobar en el Parlamento con un trámite de lectura única y en apenas 48 horas; lo que impediría cualquier tipo de reacción por parte de los partidos de la oposición.
Un fuerte control del Gobierno
Mientras tanto, el borrador también plantea que el Govern intervenga de manera explícita en la Justicia, un dato que puede resultar polémico teniendo en cuenta la cantidad de personas imputadas pertenecientes al partido que ahora obstenta el gobierno catalán.
Así, el jefe del Gobierno de Cataluña sería el encargado de elegir, por ejemplo, a la persona que encabezaría el Tribunal Supremo, de manera directa. Hay que tener en cuenta que etsa figura es la máxima autoridad judicial de una nación (en España se elige en votación por parte de varios grupos de magistrados).
También se plantea el cierre de todas aquellas causas penales dirigidas contra aquellas personas que estén "investigadas o condenadas por conductas que buscaran un pronunciamento democrático sobre la independencia de Cataluña o la creación de un nuevo Estado de manera democrática y no violenta". Gracias a ello, políticos como Artur Mas o Francesc Homs podrían dejar de lado todas sus condenas e inhabilitaciones por incumplir las sentencias del Tribunal Constitucional.
La ley también da por descontado la permanencia de esta nueva república en Europa y que las prestaciones sociales como el paro o las pensiones estarían garantizadas. Además, todos los impuestos serían ahora recaudados, como es lógido, por el Govern de la Generalitat. Se han planteado todo tipo de situaciones, como el destino con el que contarán los actuales funcionarios de la Administración General del Estado o la propiedad de los inmuebles que actualmente mantiene el Gobierno de España.
Mientras tanto, la ley deja claro que no incumple ninguna norma porque "la soberanía nacional radica en el pueblo de Cataluña, del que emanan todos los poderes del Estado". ¿Comienza la desconexión?
