PSOE y Junts han alcanzado un acuerdo para transferir competencias en materia de inmigración a Cataluña, un asunto que llevaban negociando durante más de un año. Ambas formaciones han registrado este martes en el Congreso una propuesta de ley orgánica que formaliza esta delegación, en el marco del pacto de investidura entre ambos partidos.
En un comunicado conjunto, destacan que esta iniciativa representa "un paso significativo en la aplicación del Acuerdo de Bruselas", suscrito entre ambas formaciones. Sin embargo, la medida ha generado una fuerte reacción entre los cuerpos policiales, que la han calificado de "vergonzosa".
Más competencias para Cataluña en control migratorio
Entre los puntos acordados, la Generalitat pasará a gestionar la seguridad en puertos, aeropuertos y otros puntos estratégicos, en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De este modo, los Mossos de Esquadra tendrán un papel más relevante en el control de fronteras y en la aplicación de las medidas contempladas en la nueva normativa.
Además, Cataluña se convierte en la autoridad de referencia en su territorio para la tramitación de permisos de residencia y estancia de larga duración, así como en la expedición del documento de identidad para extranjeros. También asumirá la gestión de las devoluciones de aquellos inmigrantes que tengan prohibida la entrada al país.
El acuerdo incluye un aumento de efectivos en el cuerpo de Mossos de Esquadra, que sumará 1.800 agentes hasta alcanzar un total de 26.800. Asimismo, otorga a la Generalitat competencias sancionadoras en procedimientos administrativos relacionados con extranjería, incluyendo la ejecución de expulsiones en determinados casos.
Gestión de los CIEs y contratación de extranjeros
Otro punto clave del pacto es la cesión a Cataluña del control integral de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIEs) ubicados en su territorio. Además, la comunidad podrá determinar los perfiles y el contingente de trabajadores extranjeros contratados en origen, en colaboración con empresas y sindicatos catalanes.
En materia de seguridad, los Mossos de Esquadra asumirán la lucha contra la trata de personas y la asistencia a las víctimas de explotación. Para ello, el Gobierno central se compromete a transferir los recursos humanos y económicos necesarios para el ejercicio de estas competencias.
PSOE y Junts justifican esta cesión argumentando que Cataluña ha sido históricamente un territorio de acogida y que la comunidad ha sabido integrar a la población migrante en su modelo social y cultural.
Según sus datos, el 18% de los habitantes de Cataluña tiene nacionalidad extranjera y un 24% ha nacido fuera de la comunidad, lo que refuerza su demanda de mayor autonomía en la gestión migratoria.
La propuesta, presentada al amparo del artículo 150.2 de la Constitución, busca dotar a Cataluña de herramientas suficientes para gestionar la integración de los inmigrantes, incluyendo aspectos lingüísticos y sociales, en un marco de derechos y deberes que garantice la cohesión y el progreso de la comunidad
