La sucesión de escándalos de corrupción que hemos conocido durante los últimos años tiene nombres. Y no hablamos de todos aquellos ladrones que han vaciado las cuentas destinadas, por ejemplo, a cubrir derechos sociales: hablamos de todos aquellos que pusieron en juego sus carreras para terminar con la podredumbre que ha dominado en varias instituciones de nuestro país durante años.
Denunciar la corrupción o negarse a participar en saqueos a instituciones públicas parece que se paga muy caro. Al menos en España. Si dudáis de ello, aquí tenemos más de un ejemplo. Mientras leéis este artículo, reflexionad sobre lo siguiente: ¿estos casos buscan un precedente para que nadie denuncie? Ellos han sido valientes y han dado un ejemplo para toda nuestra sociedad:
1 Azahara Peralta
Azahara Peralta Bravo, ingeniera agrónoma y licenciada en Ciencias Ambientales, era directora de obra del proyecto de Acuamed para limpiar la contaminación del río Ebro en Flix.
Esta obra fue uno de los principales epicentros de la trama que sacudió a la empresa pública. El proyecto se había iniciado en octubre de 2013 con el fin de extraer todo tipo de residuos tóxicos que se habían acumulado en el Río durante décadas.
Peralta controlaba la obra y aseguraba que "estaba totalmente controlada", tal y como relató en una entrevista con El Economista en enero de 2016. Todo iba sobre la marcha y las administraciones que participaban en el proyecto estaban satisfechas.
Todo cambió en el año 2014. La empresa inició una reclamación para que la administración financiara varios costes que deberían correr a cuenta del contratista, es decir, FCC. Peralta, la responsable de aprobarlo, se negó rotundamente.
Azahara y diez compañeros que se negaron a firmar contratos ya redactados sin su consentimiento fueron despedidos de manera fulminante
En ese momento comenzaron las presiones. Sobre todo, por parte de Gabriela Mañueco, directora de Ingeniería y Construcción (encarcelada tras el estallido del caso), con frases sutiles: "siéntate con el contratista" o "mira bien lo que reclama".
Ella continuó negándose y la dirección de Acuamed decidió crear un Comité de Control Interno para auditar las obras. La primera investigación recayó sobre la controlada por Peralta: "Al principio pensé que era para mejorar, pero luego me di cuenta de que iban a por mí, por la inflexibilidad con que me pedían la documentación mientras, a la vez, me seguían reclamando que me sentara con el contratista y que atendiera sus peticiones".
Siete meses después, redactaron un pliego de cargos con las siguientes conclusiones: los responsables de esta obra estaban cometiendo irregularidades y ocultamiento de hechos. Inmediatamente despidieron a su jefe y colocaron a Pablo Marín (también encarcelado). Tras una reunión con FCC, el contrato aumentó en 40 millones de euros.
Dos semanas después, su responsable llegó con el contrato cerrado, le ofreció el 'beneficio' de evitar una toma de decisión y le pidieron una firma. Ella se negó. Ese mismo día fue despedida. Al mes siguiente, otros diez miembros de su equipo que no colaboraron en la trama también se vieron en el paro.
2 Itziar González
La familia de Itziar González, arquitecta de profesión, había militado durante toda su vida en el PSC. Quizás este hecho, junto a su deseo de cambiar las cosas, terminó animándola a erigirise en 2007 como concejala del distrito barcelonés de Ciutat Vella con Jordi Hereu como alcalde.
Llegó a su cargo con ilusión, pero con el paso del tiempo comenzó a perderla: "En tres años como concejala vi en qué consiste para ellos la política", relataba en una entrevista con El Periódico publicada en febrero de 2014.
El problema fundamental se centraba en las licencias que el Consistorio otorga a las viviendas turísticas en uno de los barrios más cotizados de la capital catalana. "Quien gobierna la ciudad es la economía criminal y no vosotros", espetaba a algunos de los grupos que le reclamaban tomar decisiones deliberadas. Por ello, era poco a poco apartada y recibía todo tipo de represalias por parte de los involucrados en la trama: "Recibía el maltrato de las mafias, cuando el poder electo era yo".
Las presiones comenzaron, poco a poco, a tomar otros derroteros mucho más peligrosos. El 30 de abril, González recibió una llamada mientras trabajaba en su despacho. Su secretaria le comunicaba que habían entrado en su piso. Todo estaba patas arribas. ¿Qué había sucedido? Por casualidad, quizás, la entonces concejala recordó cómo había ordenado el cierre de un piso turístico perteneciente a un grupo de empresarios hacía tres días.
La trama llegó a entrar y revolver su casa, indagar en su vida privada, enviar amenazas de muerte y terminó viviendo escoltada
Este fue el detonante: su vida iba a comenzar a convertirse en un auténtico infierno. Cuando llegaba a casa y abría su buzón, se encontraba cartas con amenazas de muerte, escritas por alguien que conocía todos sus pasos. Había gente que la perseguía, que indagaba en su pasado. Todo ello llevó a que comenzara a vivir escoltada, a perder su vida privada, a sentir la soledad en su propia piel.
González pidió ayuda al ayuntamiento de Hereu. Nadie quiso apoyarla, quizás, porque preferían no entrometerse en ciertos asuntos. La gente del barrio, por otro lado, comenzó a tomar cierta distancia por miedo a represalias.
Y, con todo ello, llegó la gota que colmó el vaso. Una periodista contactó con ella y le advirtió de que un solar anexo al Palau de la Música estaba a nombre de un hotelero. Ella indagó y contactó con el alcalde. Quería evitar cualquier operación urbanística opaca. La respuesta fue la siguiente: "El hotel se hará". "Pues no puedo seguir", respondió Itziar. Un día después ya había dimitido.
Un año después, la Fiscalía presentó una querella contra Fèlix Millet, presidente de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música. También contra el director administrativo, Jordi Montull, por el proyecto del hotel del Palau, por el que cobró una comisión de 900.000 euros. El proyecto con el que Itziar se negó a colaborar era toda una corruptela.
Junto a Millet y Montull también se involucró al exconseller Antoni Castells, cuyas "amistades personales" permitieron agilizar los trámites y recalificar terrenos. También al teniente de alcalde Ramon García-Bragado y al exgerente de Urbanismo Ramon Massaguer por los delitos de prevaricación y falsedad documental. "Para ellos, la política es la privatización de las instituciones públicas", denunciaba en 2014.
El caso, del que Itziar solo vio la punta del iceberg y en el que se negó a colaborar, le costó el puesto, amenazas y vivir con el miedo en el cuerpo. No tuvo derecho a paro y no pudo trabajar como arquitecta en la ciudad durante dos años por el régimen de incompatibilidades. Toda una ironía.
3 Ana María Ricondo
Ana María Ricondo es cocinera del hospital vallisoletano Río Hortega. Un buen día, decidió denunciar un presunto fraude en los cursos de formación para personal de hosteleria del centro, un hospital público dependiente de la Junta de Castilla y León.
Según consta en la denuncia, los contratos de formación se pagaban pero no se realizaban: el negocio del siglo. Ella decidió denunciarlo y las represalias llegaron rápido. Recibió un despido fulminante.
El caso terminó archivado, pero aparentaba todo tipo de irregularidades. En total, la empresa Flores Valles S.A. se embolsó 40.000 euros anuales durante los años 2009 y 2010. Sin que haya ninguna constancia de aquellos cursos. En todos los contratos aparecen las firmas del director de gestión, Miguel Ángel Sánchez Asenjo y del geretne, Eduardo Enrique García Prieto.
Por si había alguna duda de todo ello, el relato de los presuntos alumnos fue aún más inquietante: ni siquiera habían sido conscientes de su matrícula. Rápidamente, las sospechas corrieron entre el personal con la siguiente premisa: los talleres se habían organizado de forma improvisada y precipitada para tapar hechos y justificar pagos realizados entre 2009 y 2010.
El juez no vio delito en los cursos, cuyos alumnos ni siquiera habían sido conscientes de su matrícula
Los expedientes que comenzaron a abrirse contra el personal fueron de lo más variado. Por ejemplo, por negarse a cortar pescado. El gerente les estaba pidiendo que triplicaran el peso que la máquina establece como tope se seguridad para la integridad física. Pero la serie de argumentos para justificar el despido incluía más detalles. Como, por ejemplo, que las trabajadoras tenían "mal carácter" o que una de ellas había cometido una falta en un día en el que, precisamente, no trabajaba.
Sin embargo, el argumento que encendió la mecha fue el siguiente: asegurar que había convencido a sus compañeros para no apuntarse a la lista de cursos ofertados en el año 2011. Las personas afectadas han asegurado que únicamente pidieron comprobar si los cursos a los que se iban a incorporar no eran una tapadera.
Ricondo llevaba trabajando 31 años en el hospital sin haber recibido ninguna queja. De repente, tras denunciar los hechos, vio cómo recibía hasta tres sanciones de un mes y otras dos de tres meses. Ninguna superaba los seis meses, pero la dirección del Sacyl (la Sanidad de Castilla y León) hizo una carambola, tergiversó el reglamento y le impuso una excendencia forzosa: no podía reincorporarse al puesto, no iba a recibir su salario y no tenía derecho a paro.
El despido implícito y la condición de parado de su marido terminó en huelga de hambre, ante lo que consideraba una represalia por su denuncia. Sus compañeros, sin embargo, continuaron con las demandas y finalmente se imputó al gerente y al director de gestión: habían cometido, presuntamente, delitos de falsedad documental, cohecho, usurpación de la personalidad y apropiación indebida. No hubo consecuencias, ya que el caso se archivo rápidamente. Finalmente, Ricondo fue readmitida y pudo reincorporarse a su puesto de trabajo.
4 Ana Garrido
Esperanza Aguirre no destapó la Trama Gürtel: fue Ana Garrido. Incorporada al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, se había convertido en Directora General de Juventud tras pasar varias oposiciones. Llegó ilusionada al cargo, pero, poco a poco, comenzó a ver situaciones raras: "la mayoría de los técnicos recibíamos presiones para hacer informes favorables o desfavorables dependiendo de la empresa siguiendo directrices de arriba", denuncia.
Las sociedades que se beneficiaban de estos contratos se repetían en el tiempo, con pliegos manipulados que llevaron a que Garrido se negase a firmar: "Yo siempre me oponía de manera sistemática y empezó el acoso, así empezó todo", relataba en mayo de 2018 a la Cadena SER.
Esta postura llevó a que comenzara a recibir todo tipo de presiones que terminaron en una baja por depresión. Allí comenzó a investigar, con la colaboración de unos pocos miembros del personal del Ayuntamiento que se ofrecieron a colaborar.
Ana Garrido llegó a recibir amenazas de muerte, le reventaron las cerraduras del coche tres veces e intentaron echarla de la carretera hacia la cuneta
La documentación demostraba que el "alcalde tiene un patrimonio superior a los ingresos que percibía. Ellos me abrieron los ojos: esto es una trama organizada", reconoció tras intentar filtrar todos los documentos a varios periodistas como Javier Chicote o Agustín Cubillo.
Lo que parecían algunos chanchullos del alcalde, empezaron a convertirse en toda una trama que abarcaba a varias personalidades del PP y otros Consistorios: "Recibí amenazas de muerte, me reventaron las cerraduras del coche tres veces, me intentaron echar de la carretera a la cuneta... parece una película policíaca", relató.
Todo ello terminó con un despido fulminante y sin ingresos: "He vivido en una casa de okupa calentando la comida en la calegacción central... pero a pesar de todo yo lo volvería a hacer. Porque no se ser de otra manera... Me podía haber subido a la rueda y hubiera sido más fácil".
Garrido ahora vive de los pocos ingresos que le aporta la venta de artículos de complementos que ella misma diseña y vende a través de internet.
El caso contrario Premiada tras su imputación
Como hemos comprobado, denunciar la corrupción puede salir muy caro en España. Pero, en algunas ocasiones, involucrarse en un caso de corrupción puede, paradójicamente, convertirse en el hecho perfecto para recibir un trato preferente.
Eso es, por ejemplo, lo que sucedió con Laura Gómiz, expresidenta de la empresa de capital de riesgo Invercaria. Gómiz fue imputada en 2012 por malversación, falsedad y tráfico de influencias relacionados con la concesión de ayudas y subvenciones millonarias a empresas 'amigas'. Según la Justicia, se concedieron de manera arbitraria a cargo del presupuesto de la Junta de Andalucía.
El escándalo llevó a la inmediata dimisión de Laura Gómiz. Con ello, la institución se lavaba la cara pero, inexplicablemente, bajo aquella decisión se encontraba la siguiente realidad: Gómiz continuaba cobrando su sueldo como directiva. Así se mantuvo dos años, hasta que fue despedida en 2014 de un cargo del que ya había dimitido en 2012. ¿Una indemnización en diferido?
Laura Gómiz siguió cobrando dos años de sueldo tras su dimisión
Unido a este caso tan llamativo, la Junta de Andalucía también decidió mantener en sus puestos a altos cargos que también estaban imputados. Por ejemplo, a Inés María Bardón Rafael, premiada con la dirección general de Presupuestos tras ser señalada en el caso Invercaria por presunto trato de favor a su hermano.
El caso de Gómiz fue el más llamativo. En una conversación grabada e incorporada al caso, la imputada reconocía ante un subordinado que "todos los que están por encima mía saben qué es lo que hay en Invercaria" o "bueno, Cristóbal, entonces no me vales como trabajador" tras pedir un informe que, a juicio del trabajador, era completamente falso. Las pruebas fueron admitidas en la causa.
Posteriormente, la Junta se gastó 1,7 millones de euros en el proyecyo Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía, que jamás, paradójicamente, prosperó ni salió adelante. Gómiz también fue imputada por coacciones hacia ese subordinado en el año 2017.
BONUS Denunciar el acoso de los superiores también tiene consecuencias
Compañía de Transmisiones de la Brigada Canarias. Un sargento espeta: "¡Vequia, ven aquí a la derecha de tu amo!" o "¡Vequia, ven a la derecha de papá!". Un soldado, al que literalmente están apodando "vieja" en italiano, se acerca a su jefe. Los compañeros se ríen. Su superior imita ridiculizando su forma de andar.
Golpes, insultos, vejaciones... Así vivía a diario un solado de aquella institución que, finalmente, se vio obligado a coger la baja por depresión: su sargento le tenía enfilado. El afectado no soportó más la situación y finalmente decidió alertar a los jefes. El sargento fue procesado: la víctima fulminantemente despedida por "no idónea".
El informe señalaba que el soldado había sido castigado por ocho faltas disciplinarias leves: "utilizaba cualquier cosa para sancionarle, no tenía sentido", declaraba uno de sus compañeros. También se indicaba otra grave: coger 132 días de baja medica: había sufrido una descarga eléctrica cuando le obligaron a realizar una reparación para la que no estaba preparado.
El acoso le costó el puesto. El sargento, procesado, recibió un auto en el que señalaba que había abusado de su autoridad, había tratado de manera vejatoria e inhumana a un inferior, que había ejercido un acoso que "atenta a la dignidad y derecho de cualquier persona" y que "nunca lo debería haber soportado". Fue indiferente: siguió en su cargo.
