Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, sorprendía con el anuncio del adelanto electoral rompiendo el Gobierno con Ciudadanos. Para justificarlo apuntaba a un "riesgo cierto de moción de censura inminente del PSOE, Podemos, Cs, tránsfugas y otras fuerzas políticas".
Pocas dudas existen de que se trata de una estrategia de Génova de aprovechar la debilidad de Ciudadanos y evitar que VOX les arrebate votantes y llegar a configurar un gobierno en solitario que sirva de contrapunto a Ayuso. Desde las filas naranjas han tachado este movimiento de "traición" y a Mañueco de "mentiroso". No es para menos.
La ministra de justicia, Pilar Llop, ha apuntado a la posibilidad de que el presidente castellanoleonés tuviera la voluntad de tapar "cuestiones judiciales" que afectan al PP de la región y a sus dirigentes, algo a lo que también se ha unido el ya exvicepresidente Francisco Igea, de Ciudadanos. Y es que la formación conservadora tiene tres frentes judiciales abiertos que salpican.
1 Financiación irregular del PP de Salamanca
Este caso afecta de lleno al actual Gobierno de Castilla y León ya que investiga hechos directamente relacionados con la llegada al poder de Alfonso Fernández Mañueco. Aunque este no se encuentra investigado por el momento, se sospecha que altos cargos del PP pagaron deudas de afiliados del partido para que en las primarias del PP de marzo de 2017 pudieran votar por él, que por aquel entonces era alcalde de Salamanca.
Concretamente se investiga el pago de 24.140 euros en cuotas de afiliados del PP de Salamanca que se abonaron "sin justificar". El juez instructor lo califica como "donación ilegal" e imputa un delito de financiación ilegal. Se encuentra el imputado el PP de Salamanca como persona jurídica, el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias; y la gerente del partido, María Isabel Sánchez.
2 Caso Perla Negra
El juicio por este caso comenzará en marzo, justo un mes después de la convocatoria de elecciones. En la causa se investiga la adquisición irregular del edificio La Perla Negra y de terrenos anexos para la construcción de un polígono industrial en Arroyo de la Encomienda, en Valladolid.
Presuntamente, cargos de la Consejería de Economía del Gobierno del popular Juan Vicente Herrera confabularon con empresarios y les favorecieron para impulsar la construcción del polígono El Portillo. Además, se estudia el sobrecoste de varios millones de euros en la construcción del edificio La Perla Negra. El autor del proyecto admitió que tuvo acceso a las condiciones sobre cómo proyectar el edificio antes de que fuera público, aunque no se presentó nadie más. Por si esto fuera poco, se encargó el el diseño de las divisiones internas al despacho Unifica, encargado de la reforma de la sede de Génova y cuyos socios fueron condenados por esa causa.
En total hay 12 personas imputadas entre políticos de la Consejería de Economía y empresarios. La Fiscalía pude penas que suman 79 años de cárcel. El juicio empieza el 14 de marzo de 2022 y se prolongará hasta el 29 de abril.
3 Trama Eólica
Durante la instrucción se investigan 99 parques eólicos y su implantación entre 2003 y 2013, también durante el Gobierno de Juan Vicente Herrera. Hay 17 personas imputadas, entre ellas el viceconsejero de Economía Rafael Delgado, también procesado en el Caso Perla Negra.
Según recoge el auto del juez, se decidió potenciar la entrada de empresas de la región en la implantación de parques eólicos, para lo que exigieron a las grandes promotoras de esas instalaciones que permitieran participar a empresas locales en los proyectos para darles la autorización. Además, favorecieron que fueran seleccionadas empresas con las que tenían una relación estrecha. Las grandes promotoras, Iberdrola y Endesa, se asociaban con las pequeñas empresas de la zona y después, los empresarios regionales se las volvían a vender, más caras de lo que les había costado. Se cifran las mordidas en 75 millones de euros.
