Han pasado un poco más de cuatro años desde que Rosa Pérez Garijo, diputada provincial de Esquerra Unida, presentará ante la Fiscalía de Anticorrupción la denuncia que prendería la mecha para iniciar el llamado Caso Taula. Una operación de investigación contra la corrupción en la Diputación durante la Presidencia de Alfonso Rus.
La diputada de Esquerra Unida, cuatro años después, no está nada satisfecha con la instrucción, como explica en 'Levante', por la no investigación de las adjudicaciones de las carreteras y de las bombillas led de varios municipios o la etapa anterior a Marcos Benavent.
Sin embargo, a la instrucción del caso Taula le atañe otro problema: el tiempo. Sí, el desarrollo de la investigación, dividida en siete partes, se está alargando demasiado; de hecho, el fiscal anticorrupción ha solicitado un año más para poder seguir explorando diferentes ramas que investigan una posible financiación ilegal del PP de Rita Barberá en las elecciones de 2015. Esta propuesta, como era de esperar, no ha gustado a las defensas de los nueve concejales del PP imputados en el proceso.
Partes importantes sin investigar
Este problema no solo afecta a esa rama en concreto sino, también, a las demás del caso Taula, ya que a día de hoy se sigue investigando los diferentes informes policiales. Pérez Garijo, ha denunciado ante las Cortes Valencianas los diversos problemas de la instrucción. Entre ellas, critica que la Fiscalía depende del poder político, por lo que habría ciertas partes de esas investigaciones que no se quieren llevar a la luz.
La diputada aportó en sus denuncias las diferentes pruebas de las corruptelas que realizó Alfonso Rus en el área de carreteras de la Diputación de Valencia: sobrecostes, adjudicación a dedo de obras o subastar proyectos sin expropiar los terrenos, entre otras. Un cortijo que parece que el Ministerio Público no ha querido investigar, de momento.
La adjudicación de las luces LED, a través de la empresa Inelcom, es otra de las quejas de Pérez Garijo. A esta empresa, dueña de un amigo de Alfonso Rus, y donde trabajaba un importante cargo del PP, se le adjudicó un 50% del proyecto de la diputación para cambiar el alumbrado tradicional, a pesar de ser una empresa nueva en el sector. En la gran mayoría de los ayuntamientos gobernados por el PP confiaron en esa empresa.
