En diciembre de 2019 el abogado José Manuel Calvente fue despedido de Podemos y comenzó desde entonces a lanzar sospechas en los medios de comunicación sobre una presunta financiación irregular de la formación. En ese momento presentó una denuncia ante la Guardia Civil en Barcelona que fue derivada a Madrid, por estar allí la sede de Podemos, y recayó en el Juzgado de Instrucción 42, donde el juez Juan José Escalonilla abrió diligencias previas por varios delitos.
Estos presuntos delitos no eran leves y desde entonces han estado presentes en gran parte de los medios de comunicación: financiación irregular, blanqueo, malversación, falsedad documental, administración desleal, delito electoral y apropiación indebida. Sin embargo, de las siete líneas de investigación en las que se desligó la causa actualmente solo perviven dos.
La principal de ellas es la relativa al contrato con la consultora mexicana Neurona para la campaña electoral en las elecciones generales de abril de 2019. La Fiscalía cree que la investigación está ya agotada y de hecho en un escrito sostiene que personal de Neurona viajó a España para realizar los trabajos para los que estaban contratados, descartando así la simulación de contrato con la consultora, que es lo que se venía investigando, y afirmando, por tanto, que no aprecian que hubiera algún tipo de indicio delictivo.
Aún así, la investigación continúa. El juez quiere saber si los 363.000 euros que supuso el contrato con la consultora y que procedían de fondos del partido, no de subvenciones, fueron bien empleados. Para ello, ha encargado una pericial para saber su coste real en el mercado, aunque la Fiscalía pone en duda su eficacia. Además, esta semana deberá decidir si prorroga la investigación ya que el plazo acaba el próximo 28 de enero.
La otra línea de investigación que sigue abierta es la relativa al presunto papel como niñera de una asesora del Ministerio de Asuntos Sociales para los hijos de Irene Montero y Pablo Iglesias. La investigación de esta causa se abrió tras la adhesión a la denuncia de Calvente de Mónica Carmona, otra abogada de Podemos y exresponsable de Cumplimiento Normativo de la formación.
Los casos archivados
Tras la denuncia de Calvente, seis meses después se archivaron cuatro de las líneas de investigación derivadas de la querella. La primera en ser archivada fue la relativa al contrato con la consultora portuguesa ABD Europa LDA. El exabogado de Podemos había señalado que los contratos con esta empresa para las elecciones generales de abril de 2019 fueron simulados y que se produjo desvío de fondos hacia una red política de corrupción internacional. Sin embargo, el juez no percibió ninguna regularidad en los contratos, que habían estado además fiscalizados por el Tribunal de Cuentas.
Otra causa archivada y que contó con gran recorrido en los medios de comunicación fue la de la caja de solidaridad de Podemos, un fondo destinado a causas sociales y cuya investigación, que se prolongó debido a los recursos interpuestos por VOX y la asociación de abogados Prolege, fue archivada hasta dos veces. Finalmente, la Audiencia Provincial de Madrid ha decretado recientemente el archivo definitivo del caso.
Lo mismo ocurrió con la investigación sobre los presuntos sobresueldos del partido. En ella, el juez archivó la causa tras entender que la gerente del partido estaba facultada para aplicar complementos salariales y que estos a su vez estaban aprobados por el Consejo de Coordinación de Podemos.
José Manuel Calvente también denunció que las obras de la nueva sede de Podemos habían sufrido sobrecostes injustificados. Pero el juez no encontró irregularidades y archivó también la investigación. El mismo final se produjo también con el presunto clonado del ordenador de una de las abogadas del partido después de que ninguna de las partes, ni la presunta víctima ni los presuntos responsables, presentaran denuncia alguna.
