Luis Medina y Alberto Luceño están cerca de ser procesados por la estafa millonaria de la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid. Así lo ha decidido este 3 de abril el magistrado Adolfo Carreño, el responsable del juzgado 47 de Madrid. Ambos empresarios están imputados por estafa agravada, falsedad documental y delito fiscal (este solo atribuido a Luceño), librándolos de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
La trama comenzó en el momento del inicio de la pandemia del Covid, que acarreó una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes en las últimas décadas. En la resolución, el juez explica que Luceño y Medina se "aprovecharon" de la "imperiosa necesidad" del Ayuntamiento de Madrid de obtener material sanitario como guantes, mascarillas o test Covid.
Fue entonces cuando elaboraron un plan para suministrar estos recursos desde una empresa llamada Leno. Actuaron como intermediarios, de manera supuestamente altruista, para poder subir los precios de los materiales y poder llevarse una gran comisión sin que el consistorio tuviera noción de ello. Fue de esta manera como obtuvieron seis millones de euros de manera fraudulenta. Ambos empresarios se aprovecharon de los escasos controles de contratación del Ayuntamiento, ya que en ese momento había una "urgencia por conseguir material sanitario".
Carreño distingue distintos papeles entre los dos. Mientras Medina trabajaba como el "facilitador", gracias a sus contactos en el Ayuntamiento, Luceño era el cabecilla de la trama, quien mantenía la comunicación con Leno. Este último incluso engañó a su socio en el reparto de las comisiones, llevándose cinco millones frente al único millón que descargó en las cuentas de Medina.
El primo de Almeida, contacto en el Ayuntamiento
"Medina, valiéndose de su condición de personaje público y famoso, por ser hijo del [fallecido] duque de Feria y de una afamada modelo y salir en las revistas del corazón y televisión, obtuvo el teléfono de Carlos Martínez-Almeida, primo del alcalde José Luis Martínez-Almeida", describe el magistrado en la resolución judicial. De esta manera, a través del familiar del regidor municipal consiguió el contacto del encargado de la compra de material sanitario. Así, el empresario encontró una vía rápida para conseguir negociar directamente sin tener que competir con las demás ofertas que llegaban al Ayuntamiento.
Luceño y Medina engañaron a los trabajadores del consistorio ocultando su nulo conocimiento en material sanitario, además de las comisiones que se iban a llevar por las negociaciones. Los dos estafadores inflaron el precio un 60% en las mascarillas, un 81% en los guantes y un 71% en los test Covid. Asimismo, justificaron la entrada de tales cantidades de dinero a sus bancos con documentación falsificada.
Gracias a la investigación judicial se logró averiguar que Luceño poseía un carné y una placa del CNI, casi 80 versiones de una carta firmada por Martínez-Almeida y más documentación falsa. Medina, por su parte, había tramado una estafa de sociedades para defraudar a Hacienda alrededor de un millón de euros.
