La Junta de Andalucía ha impuesto una multa de 300.001 euros al dueño del pozo en el que cayó el pequeño Julen en enero de 2019 muriendo en su interior, por haberlo realizado sin pedir permisos, tener autorización o siquiera un proyecto técnico.
La defensa de David Serrano, dueño de la finca de Totalán (Málaga) donde murió el pequeño de dos años, no ha presentado alegaciones. La Junta propone además una sanción de 30.001 euros al pocero que realizó el pozo sin permisos previos ni dirección facultativa.
La sanción impuesta por el Consejo de Gobierno andaluz, a instancias de la resolución de la Secretaría General de Industria, Energía y Minas, considera a Serrano responsable de una infracción muy grave en materia de seguridad minera. Los técnicos que trabajaron aquellos días sobre el Cerro de la Corona ya constataron la existencia de un sondeo de aprovechamiento de aguas, de unos 100 metros de profundidad y 25 centímetros de diámetro, que "no se encontraba tapado ni entubado".
Posteriormente, la Guardia Civil comprobó que el pozo carecía de autorización previa de las obras y de solicitud para ello, y tampoco había presentado el proyecto técnico de las obras. Asimismo, se constató que eran dos las prospecciones para el alumbramiento de aguas superficiales realizados a percusión", una de ellas "tapada o sellada y la segundo, sin entubar y sin protección alguna, siendo este último pozo en el que cae el menor".
Además la sentencia judicial considera probado que Serrano "contrató verbalmente" la ejecución de las perforaciones, y que, aunque en un primer momento tapó el pozo con "dos bloques de hormigón", posteriormente el acusado los movió y, "faltando a sus deberes de diligencia, dejó al descubierto el pozo".
España, en vilo por Julen
Fue el pasado 15 de enero de 2019 cuando el pequeño Julen, de dos años, cayó por un angosto pozo mientras la familia pasaba un día de campo con unos amigos. Aquel suceso mantuvo al país en vilo durante 11 días a la espera de poder recuperar el cuerpo delmenor, ya que la dureza del terreno dificultó sobremanera las labores de rescate. Fue el 26 de enero cuando se logró extraer el cuerpo sin vida de Julen.
El dueño de la finca aceptó los hechos y fue condenado a un año de prisión, que evitó al no tener antecedentes. Asimismo, se le impuso una indemnización en concepto de responsabilidad civil de 175.000 euros, que al estar desempleado pagaría en pequeñas cuotas mensuales tras abonar a los padres un primer pago de 25.000 euros.
