El caso de Juana Rivas ha resonado por toda España, y ahora mismo hay decenas de colectivos (más de setenta) que creen que la investigación debe continuar. Este mismo lunes presentaron quejas ante el Consejo General del Poder Judicial, el Defensor del Pueblo y la Delegación del Gobierno contra la violencia de Género para exigir que se abra una investigación, en la que se estudie de cerca todos los fallos que cometieron los jueces, magistrados y fiscales. Quieren que sea el Estado el que asuma que las leyes no se aplicaron de la forma correcta y, por tanto, que se han cometido una gran cantidad de fallos durante todo el proceso judicial.
Es la primera vez en la historia de nuestro país que hay tantas organizaciones que se ponen de acuerdo en algo así.. La acción ha sido liderada por la Plataforma 7N Contra las Violencias Machistas, y han querido señalar que se debe revisar cómo actúa el Estado en estos casos de violencia de género.
El caso de Juana Rivas es un caso único
Según las organizaciones que están promoviendo esta exigencia, el caso al que nos enfrentamos es totalmente único, y ha hecho que nos replanteemos todas las leyes que nuestro país tiene sobre violencia de género. En un primer momento, las leyes que tiene nuestro país deberían servir para proteger a las víctimas de violencia de género de los agresores, ya sean estas víctimas mujeres o sus propios hijos. Y así es en la teoría. Pero, en la práctica, la lucha de Juana ha sido en balde.
El padre de sus hijos fue condenado en el año 2009 por malos tratos, y ha sido denunciado constantemente desde el año 2016 por Juana. No obstante, estas denuncias ni siquiera se han tenido en cuenta a la hora de llevar a cabo el proceso judicial. ¿Cómo puede ser posible que, en un país donde se habla tanto de la defensa de las víctimas de la violencia de género, se desproteja de esta forma a unos niños inocentes? Pese a que tanto Juana Rivas como sus hijos contaban con la condición de víctimas de violencia machista, esto no se ha tenido en cuenta, y el padre ha acabado consiguiendo tener a los hijos con él.
Según los escritos que han presentado las organizaciones, ha habido dos grandes fallos cometidos en este caso. El primero ha sido que el juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de Granada no dio curso a la denuncia que Juana Rivas presentó contra Arcuri en 2016, cuando este era ya su expareja. La denuncia se archivó, sin siquiera ser tramitada de forma oficial, y esto acabó repercutiendo en que Rivas no pudiera ganar los juicios posteriores. La jueza que se encargó del caso explicó que la denuncia había sido archivada por "falta de jurisdicción de este órgano judicial para el conocimiento de los hechos". Hacían referencia a que los delitos, al parecer, habían sido cometidos fuera de España. Esta es una falta muy grave, según las organizaciones que han presentado la queja, porque es una forma de ignorar que deben cumplirse los deberes judiciales.
Además, han explicado, vulnera el artículo 17 de la ley de Estatuto de la Víctima del Delito. En este artículo se explica que "las víctimas residentes en España podrán presentar ante las autoridades españolas denuncias correspondientes a hechos delictivos que hubieran sido cometidos en el territorio de otros países de la Unión Europea". Teniendo en cuenta que lo denunciado por Rivas es un delito que sucedió en un país de la Unión Europea, debería haberse podido tramitar la denuncia. Se supone que, "en el caso de que las autoridades españolas resuelvan no dar curso a la investigación por falta de jurisdicción, remitirán inmediatamente la denuncia presentada a las autoridades competentes del Estado en cuyo territorio se hubieran cometido los hechos". Inmediatamente, puntualiza esta norma; pero no se hizo hasta después de un año. Esto ha hecho, según el escrito que ha sido presentado, que haya "una clara situación de indefensión para Rivas y para sus hijos, que ha marcado todo el devenir del proceso posterior en el que se halla inmersa". Actualmente, la denuncia aún no ha llegado al tribunal italiano correspondiente.
"Mala praxis por parte de jueces, magistrados y fiscales"
"El caso de Juana Rivas está plagado de mala praxis por parte de jueces, magistrados y fiscales, que debían proteger el bien superior de los menores. Nuestro país se ha dotado de una serie de leyes, empezando por la de violencia de género de 2004, que suponía que cuando una mujer víctima de malos tratos denunciaba, el Estado ponía en marcha toda una serie de mecanismos para protegerla a ella y a sus hijos", han señalado en el escrito. Según Consuelo Abril, abogada y presidenta de la Comisión de Investigación de Malos Tratos, "el caso de Juana Rivas es paradigmático porque se han querido cumplir a toda costa resoluciones judiciales caiga quién caiga, sin tener en cuenta el espíritu de las leyes".
El segundo error del que han hablado en el escrito es una "falta absoluta y manifiesta de motivación de as resoluciones judiciales". Según esto, la Audiencia Provincial de Granada no ha hecho más que un corta y pega a la hora de señalar la sentencia, basándose en una sentencia anterior que nada tiene que ver con la situación de Juana Rivas.
Una de las peticiones iniciales de la mujer fue que se escuchara a sus hijos, puesto que no había nadie mejor que ellos para explicar la situación; y es que ellos lo habían vivido desde dentro. No debemos olvidar en ningún momento que tanto sus hijos como ella tenían el reconocimiento de víctimas de violencia machista, y que llevaban en tratamiento psicológico más de un año.
Por ahora, lo único que se sabe es que Arcuri abandonó España con sus dos hijos, y Juana Rivas continúa luchando por que se haga justicia y, sobre todo, recuperar a sus hijos.
