El último gran escándalo de fraude que ha salpicado el panorama español tiene que ver con la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas, conocida también como Acuamed, que ya se ha saldado con 20 registros y 13 detenidos. Al parecer, estaríamos hablando a día de hoy de un fraude de cientos de millones de euros, de lujosos sobornos y de repetidos casos de 'puertas giratorias'. Para hacerse una idea, solo en facturas falsas de remates de obras se habrían sustraído unos 25 millones de euros; pero vayamos por partes para tratar de entender lo ocurrido de forma sencilla y concisa en la denominada Operación Frontino.
1 ¿A qué se dedica Acuamed?
Acuamed es una empresa pública, cuyo capital lo posee el Estado en su totalidad. Dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se dedica a construir y gestionar infraestructuras relacionadas con el agua, como desalaradoras y plantas de reciclaje de aguas residuales. Sus príncipales labores han sido desempeñadas en las cuencas del Segura, Júcar y del Ebro, en la Cuenca Mediterránea Andaluza y en las Cuencas Internas de Cataluña.
2 ¿Cómo se destapó el fraude?
Fue el pasado lunes 18 de enero cuando el juez Eloy Velasco decidió realizar una redada anticorrupción en la empresa Acuamed, que terminó con 13 detenidos y una veintena de registros realizados en las sedes y en los domicilios de los supuestos implicados en los fraudes. Las ciudades en las que ocurrieron estos hechos fueron Madrid, con ocho detenidos en total; Barcelona, con tres; y Valencia y Alicante, con uno en cada una. Los registros también se extedieron a Murcia y Tarragona.
Entre los detenidos figura el director general de la empresa, Arcadio Mateo del Puerto, ya destituido por el Gobierno; y la directora de Ingeniería y Construcción, María Gabriela Mañueco Pfeiffer. También hay detenidos en constructoras españolas, fuera de la empresa estatal, como Miguel Jurado, presidente de FCC Construcción; Justo Vicente Pelegrini, de Acciona Infraestructuras; y Nicolás Steegmann, de Altyum. El fraude salpicaría incluso a Federico Ramos de Armas, subsecretario de Presidencia y colaborador de Soraya Sáenz de Santamaría.
3 ¿Qué tipo de fraudes habrían llevado a cabo?
Estas detenciones y estos registros fueron consecuencia de la investigación del propio juez Velasco (que también trabaja en la denominada trama Púnica) ante una presunta adjudicación fraudulenta de obras a empresas privadas y falsificación de documentos, entre otros delitos. Además de los 13 detenidos antes mencionados habría que sumar hasta un total de 35 testigos e implicados a los que también se les acusa, en su cargo como funcionarios y empresarios, de recibir contratas a dedo o con la total evidencia de ser fraudulentas.
La investigación estudia seis contratos de obras adjudicados entre 2006 y 2014 que suman un total de 600 millones de euros de presupuesto. Una de ellas es la obra del embalse de Flix (Tarragona), adjudicada a la ya mencionada FCC Construcción por 155 millones de euros pero que costó finalmente 192 millones. Otra modalidad de fraude serían facturas falsas de materiales caros que no se habrían utilizado o habrían sido mucho más baratos, cuyo valor se está estimando en 25 millones de euros.
Del mismo modo, se están investigando en estos mismos momentos otros delitos como sobornos a directivos de Acuamed, que habrían recibido viajes de lujo y otra serie de 'regalos' a cambio de adjudicar las obras a determinadas empresas, así como casos de 'puertas giratorias'. Tal es el caso de Steegman, que antes dirigía otra sociedad estatal similar a Acuamed y ahora Altyum, su constructora, consigue obras públicas; o Arcadio Mateo del Puerto, que antes de estar al frente de Acuamed trabajaba en Acciona.
4 ¿Qué consecuencias ha habido hasta el momento?
De momento todavía no se han tomado decisiones importantes ni se ha dictaminado sentencia para los acusados, pero sí que es cierto que ya ha habido movimientos importantes. El primero de ellos ha sido la destitución del director general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto, que fue puesto en el cargo en el mes de febrero de 2012 y que también forma parte de los 13 detenidos que encontramos hasta el momento.
El segundo se destapó el 20 de enero, cuando el juez Velasco afirmó que el Gobierno, concretamente Federico Ramos de Armas, actual subsecretario de Presidencia y colaborador de Sáenz de Santamaría, tenía constancia de un acuerdo irregular de Acuamed con la constructora FCC. Esta habría tenido que abonar en 2012 el 60% de los desperfectos de la desaladora de Bajo Almanzora (todavía sin funcionar), aunque Acuamed habría prometido "compensaciones", es decir, devolver el dinero poco a poco mediante adjudicaciones de obra sobrevaloradas. Finalmente no se produjo porque algunos funcionarios se negaron a colaborar en este dudoso acuerdo, pero una parte de los Presupuestos Generales del Estado de 2015 y 2016 estarían reservados para las citadas "compensaciones". Ramos de Armas habría sabido del escabroso asunto gracias a su puesto de entonces como secretario de Estado de Medio Ambiente.
En otro orden de cosas, también se espera que haya ciertas consecuencias para otras compañías, como es el caso de FCC, que ha terminado salpicada con la Operación Frontino.
5 ¿Cómo realizaban los fraudes?
Supuestamente, la manera en que trabajaba Acuamed era la siguiente: el adjudicatario del contrato dejaba clara la utilización de ciertos materiales, aunque en realidad era mentira, obviamente. Acuamed, en este caso y conociendo la verdad, atribuía el dinero correspondiente de forma fraudulenta y conociendo que estaba ejerciendo al margen de la ley.
Uno de los motivos por los que se han realizado estos registros, además, es para encontrar todos los documentos que demuestren estas acusaciones, que parece que se efectuaron desde el año 2006. Es decir, Acuamed se encargaba de crear las certificaciones, facturas y liquidaciones falsas de esos contratos también fraudulentos.
6 El poder económico de Acuamed
Lo cierto es que no se trata de una empresa precisamente pequeña, ya que Acuamed dispone de un patrimonio actual que alcanza los 2.400 millones de euros. Sus beneficios, por ejemplo, superan los 200 millones en el año 2015 solo en lo que respecta al dinero ofrecido para realizar inversiones públicas, junto a numerosas subvenciones de la Unión Europea. A todo esto, por supuesto, habría que añadirle la utilización y ganancia del dinero que supuestamente han generado a través de este fraude, que finalmente ha terminado saliendo a la luz.
También resulta curioso comprobar cómo el Tribunal de Cuentas ya advirtió a finales de 2014 de algunas irregularidades de la empresa al realizar algunas de sus atribuciones, sin que hubiese ninguna consecuencia. En el año 2010, también se llevó a cabo un informe de fiscalización que, básicamente, ponía en duda la utilidad real de Acuamed. Sin embargo y a pesar de estos datos, la empresa ha seguido ejerciendo sus contratos (fraudulentos o no) hasta el año 2016.
