Nueve años después del comienzo de la investigación, arranca el juicio por el caso Cursach, que investiga los presuntos sobornos que supuestamente realizó Bartolomé Tolo Cursach, magnate del ocio mallorquín, a agentes de las Policías Locales de Palma de Mallorca y Calvià con el objetivo de favorecer a sus empresas (discotecas, gimnasios, hoteles e incluso una aerolínea) frente a la competencia entre los años 2000 y 2016.
Tolo Cursach deberá hacer frente desde esta semana a acusaciones por pertenencia a grupo criminal o prevaricación, lejos de la quincena de casos que tenía a sus espaldas cuando fue enviado a prisión el 3 de marzo de 2017. La mayoría ya han decaído y la Fiscalía Anticorrupción le pide un año y medio de cárcel frente a los ocho y medio que le reclamaba inicialmente. Este juicio, en el que hay 24 encausados, se prevé como el más largo de los celebrados en el archipiélago.
El horizonte judicial para el principal encausado ha cambiado durante los últimos años. En la reducción de la petición de pena es clave que se haya retirado una de las acusaciones más graves, los supuestos sobornos que habría realizado a varios funcionarios a cambio de ganarse su voluntad o las presuntas orgías que, según las investigaciones iniciales, se celebraron en la discoteca Tito's, de su grupo empresarial, para contentar a agentes de la Policía Local de Palma con el objetivo de salvaguardar la marcha de sus negocios.
Los fiscales han sustituido el presunto cohecho por "inducción de la prevaricación administrativa", sin embargo, cuatro funcionarios y políticos que se sentarán en el banquillo tendrán el favor de la Fiscalía, que pide su absolución. Peor situación tienen los 15 agentes policiales procesados, en especial, Gabriel Mayor, al que se piden nueve años y seis meses de prisión por presuntos delitos de cohecho, abuso de función pública con solicitud sexual, coacciones y revelación de secretos.
Conexiones con la trama del PP
El juez Penalva planteó en 2016 que el entonces presidente del PP de Palma, José María Rodríguez, sería el "artífice en la sombra del organigrama corrupto" ideado en la Policía Local de Palma para servir a los intereses de Cursach. El juez descubrió la filtración de los exámenes de oposición a oficial en mayo de 2012 para "crear una estructura corrupta" para actuar con impunidad y "al servicio de determinados políticos y su partido".
Cursach fue detenido el 28 de febrero de 2017 junto al administrador de sus empresas, Antonio Bergas y su mano derecha, Bartolomé Sbert, que fue director general de Turismo cuando Gabriel Cañellas presidía el Gobern balear. Los investigadores descubrieron que el equipo del Gobierno municipal del PP pagó sobresueldos a determinados agentes de la Policía Local por espiar a políticos, incluidos del PP, en prostíbulos.
Tolo Cursach ya ha sido juzgado y condenado en dos ocasiones. La primera, a ocho meses de cárcel por tenencia ilícita de armas por el hallazgo en su vivienda de una carabina de calibre 22 y la segunda a abonar una multa de 9.000 euros por referirse en el Juzgado como "subnormal" al exjuez Penalva, a pesar de que no se encontraba presente cuando realizó dicho insulto porque ya había sido apartado de la causa por falta de apariencia de imparcialidad.
