Contra todo pronóstico, el Ayuntamiento de Madrid se querellará finalmente contra los crímenes del franquismo. El Consistorio que dirige Manuela Carmena (Ahora Madrid), se personará ante la justicia para que se investiguen todas las injusticias sucedidas durante la dictadura franquista (1939-1978) y que hasta ahora han sido obviadas por los diferentes grupos políticos que se reparten el poder desde el nacimiento de la democracia.
Para que esta moción salga aprobada y pueda surtir efecto, Ahora Madrid necesita los votos de su socio parlamentario, el PSOE, imprescindibles en muchas ocasiones para llevar a cabo las políticas progresistas. Según ha anunciado y contrastado el diario Público, este hecho fue anunciado por el concejal del Ayuntamiento, Mauricio Valiente, durante la presentación de un evento en la Cineteca de Madrid.
Un cambio de postura
El pasado mes de febrero, el equipo de Manuela Carmena rechazó personar al Ayuntamiento como acusación para investigar las atrocidades cometidas por el dictador Francisco Franco durante casi 40 años del siglo XX. Así se lo hizo saber a la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA), una asociación de apoyo a las víctimas de la dictadura.
"Nuestra postura no es personarnos nosotros en un juicio. No es nuestra labor", aludieron por aquel entonces. Sin embargo, ahora fuentes municipales afirman al El Diario que "no se ha producido ningún cambio de postura". Desde el Consistorio insisten en que "en ese momento" dijeron que no porque tienen otro ritmo de trabajo.
Con esta acción, Madrid se suma a otras ciudades que se encuentran gobernadas por los partidos 'del cambio' desde las elecciones municipales de 2015. Pamplona, Zaragoza, Rivas, Barcelona, Cádiz, Vitoria o Tarragona son los ayuntamientos que han denunciado la impunidad franquista o se encuentran en vías de hacerlo. Todas pertenecen a la Red de Ciudades por la Justicia y la Memoria.
Esta red de ciudades que se comenzó a gestar en mayo de 2016 fue impulsada por el Ayuntamiento de Pamplona y presentada en Madrid el pasado mes de febrero para que no se olviden jamás los horrores vividos por muchos españoles durante el franquismo. Su alcalde, Joseba Asirón, ya anunció hace unos meses la presentación de una querella ante los juzgados de su ciudad para que se investigaran los hechos mencionados.
Un Ayuntamiento progresista
El acuerdo de investidura entre Ahora Madrid y el PSOE en junio de 2015, permitió a Manuela Carmena romper 24 años de gobiernos de mayorías absolutas del Partido Popular. Desde entonces, el Ayuntamiento ha recibido tanto críticas positivas como negativas. Las encuestas transmiten una opinión favorable de los ciudadanos hacia la nueva regidora de la coalición formada por Ganemos, Equo y Podemos. Jóvenes, estudiantes y obreros son los perfiles más partidarios de la nueva líder.
Todo lo que Carmena lleva a cabo es observado con lupa por el resto de formaciones. Incluso a nivel nacional, puesto que el propio líder de Podemos, Pablo Iglesias, utiliza la gestión del Consistorio madrileño como ejemplo para trasladarle a los ciudadanos cómo gobernaría su partido si llegara a presidir el Gobierno de España.
Varias han sido las medidas polémicas que ha tomado Carmena en aras de honrar a las víctimas de la dictadura, según afirma la propia alcaldesa. Una de ellas consistió en aprobar, con los votos a favor de Ahora Madrid, PSOE y Ciudadanos y la abstención crónica del PP, el cambio de denominación en el callejero de Madrid las 52 calles franquistas propuestas por el Comisionado de Memoria Histórica en cumplimiento con el respeto a las víctimas y a la ley impulsada y aprobada por Zapatero en 2007.
En esta pugna por aplicar la Ley de Memoria Histórica, el Ayuntamiendo liderado por Carmena ha tenido que enfrentarse a diferentes recursos administrativos por parte de varias plataformas como la del general Millán Astray. Esto ha llevado al equipo progresista a retrasar el cambio de las placas hasta que se resuelvan los conflictos de opiniones en los juzgados.
Asimismo, en junio de 2016 se aprobaba en el Pleno con el voto en contra del PP retirar las distinciones honoríficas entregadas por la capital a ocho personas y cinco entidades vinculadas con la dictadura de Franco. El PP entonces explicó su voto contrario porque las dinstinciones "ya están extinguidas". Carmena basó la retirada de las menciones y distinciones en la aplicación del artículo 15 de la Ley de Memoria Histórica de 2007.
