La recuperación económica, la falta de obra nueva, la falta de viviendas en el centro de las ciudades (que se encuentran nuevamente de moda) y el auge de los alquileres turísticos; han desencadenado un problema que afecta especialmente a los más jóvenes y colectivos vulnerables: la burbuja del alquiler.
Todo ello está generando una situación inédita: por primera vez, sale a cuenta meterse en una hipoteca antes que pagar un alquiler, a pesar del escollo de pagar la entrada de un piso (los bancos ya no financian el 100%, solo un máximo del 80%).
Con un problema que se une a la falta de subida de los salarios, las Administraciones se están poniendo 'manos a la obra' para pinchar la burbuja. El Gobierno de Pedro Sánchez se encuentra ultimando un plan que podría llevarse a cabo durante la aprobación de los próximos presupuestos. Y, junto a ello, se encuentra el reciente y confirmado anuncio del Ayuntamiento de Madrid, una de las ciudades más afectadas por este problema.
La primera de estas medidas llega en forma de nueva construcción de vivienda pública. El Consistorio ya está ejecutando el presupuesto para poner en marcha 2.300 viviendas de propiedad municipal. A ello, se suma un plan análogo al del Gobierno de Sánchez, que incluye la compra de vivienda al Sareb (el banco malo) para ofrecerla a precios subvencionados. Y, por otro lado, una medida conjunta con la Comunidad de Madrid para dificultar el acceso a la licencia de alquiler turístico, que obligará a cerrar un 95% de estos pisos.
La compra de pisos al Sareb es clave, ya que permite acceder a vivienda pública en pleno centro de Madrid, donde no hay espacio para edificar vivienda pública. A mayor oferta y menores precios de arrendamiento, por tanto, los pisos disminuirán su precio de manera progresiva.
Acabar con la política de Gallardón
El plan de Carmena se produce de manera paralela al final de algunas políticas urbanísticas de Alberto Ruiz Gallardón. El punto más polémico fue la excesiva política de alquileres para establecer la mastodóntica administración del Consistorio.
El caso más sonado se produjo con la Delegación de la Hacienda municipal situada en la calle Alcalá, 45. El edificio era propiedad del Consistorio, pero Gallardón decidió venderlo en 2004 a una empresa privada para alquilarlo inmediatamente por 18.422 euros diarios. Finalmente, Carmena ordenó volver a adquirlo por 104 millones, ya que consideraba que excedía el precio de mercado.
Este gesto se está replicando en otros inmuebles y se espera un ahorro de 23 millones de euros en alquileres hasta 2019; un 50% desde que Carmena se hizo con el bastón de mando en el Palacio de Cibeles.
Entre las desinversiones más recientes, se encuentra la Oficina de Atención al Ciudadano de Carabanchel, situada en el paseo de Muñoz Grandes, 10; para mudarse a un inmueble adquirido a cuenta de un embargo a una empresa, en la calle de Eduardo Morales. Supone un ahorro anual de 110.540 euros anuales. Se trata de una medida similar que se aplicará también en la sede de Línea Madrid en Chamberí en las próximas semanas.
Estas desinversiones permitirán al Ayuntamiento fortalecer el pago de vivienda pública y, por tanto, colaborar en una de las principales lacras de la ciudad, el aumento de los alquileres, que está expulsando a muchos colectivos vulnerables de Madrid.
