El mandato de Carlos Lesmes al frente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) caducó hace dos años, pero sigue en el poder. Elegido en diciembre de 2013 con el rodillo de la mayoría absoluta de Rajoy, el Gobierno de Sánchez está intentando pactar una figura de consenso con Pablo Casado, pero el líder del PP se niega y bloquea cualquier renovación. Mientras tanto, Carlos Lesmes obvia que está en el cargo con el mando agotado y ahora se prepara para nombrar a tres nuevos jueces para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que decidirán sobre casos de corrupción.
Lo que esconde la polémica del rey en el reparto de despachos a jueces en Barcelona es, realmente, una guerra entre una cúpula del Poder Judicial que quiere sobrevivir la mayoría absoluta del PP y un Gobierno que pretende renovarla. El rey, de hecho, se ha visto inmerso en esta polémica por un mensaje privado que Carlos Lesmes decidió tergiversar y hacer público y ahora Casa Real intenta rebajar la tensión a duras penas.
La realidad es que hace quince días, el propio Carlos Lesmes comunica al ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que la inhabilitación de Torra se hará pública en la semana que arranca el 21 de septiembre. No se suelen comunicar este tipo de fechas, pero sí en cuestiones sobre el independentismo por los problemas de orden público que pueda ocasionar. Casa Real envía un día después la fecha en la que el rey acudirá a la entrega de despachos: 25 de septiembre, en plena inhabilitación de Torra, según lo comunicado por Lesmes, tal y como relata El Diario.
El Gobierno comunicó a Casa Real que no era oportuna la presencia del rey en una situación tan tensa en Barcelona y el jefe de la institución lo entendió perfectamente, según las fuentes oficiales consultadas por el citado medio.
Poco después, el CGPJ contactó con el Gobierno para asegurar que trasladaría la inhabilitación al 1 de octubre para salvar la presencia del rey en Barcelona. En el Ejecutivo no comprenden la propuesta: se trata de mezclar el aniversario del referéndum ilegal con la inhabilitación de un president en el cargo. Una situación que puede generar un auténtico polvorín.
Finalmente, el Gobierno decidió dejar todo como había cerrado en un primer momento. Pero algo cambió, como explica un ministro a El Diario: "Carlos Lesmes buscaba una foto con el Rey por encima de cualquier otra cosa. Entró en cólera y maniobró todo lo que pudo para que la sentencia, una vez que se evitó la presencia de Felipe VI en Barcelona, no se conociera esta semana con el objetivo de impedir que quedase claro que la única intención del Gobierno era proteger al rey, y no emprender una campaña contra él, como ha pretendido hacer ver el presidente del CGPJ".
"Ha ido demasiado lejos": quiere nombrar a jueces encargados de temas de corrupción con el mandato caducado
El Gobierno mantiene ahora un profundo malestar con Carlos Lesmes, puesto que considera que ha arrastrado al rey y ha provocado una fuerte crisis institucional con el único objetivo de garantizar sus propios intereses personales.
Lo que ha venido después de estas actuaciones, entre otros movimientos, se encuentra hacer pública una conversación del rey donde lamentaba no haber podido ir a Barcelona, una conversación de cortesía que Lesmes aprovechó para alimentar su "torticera maniobra", según el Gobierno.
Garzón e Iglesias, conscientes de que el Gobierno había trabajado para proteger al rey y conscientes de la necesidad de marcar un perfil propio separado del PSOE, decidieron publicar sendos mensajes en Twitter en los que acusaban al monarca de maniobrar en contra del Ejecutivo, achacándole todo lo sucedido.
Carlos Lesmes, con el mandato caducado y sin recambio por el bloqueo del PP, ahora pretende nombrar varios jueces 'a dedo'. Entre ellos, tres magistrados para la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, aquella que decide los casos de corrupción.
El magistrado, durante el discurso de Apertura del Año Judicial, se escudó en que sus funciones a la hora de realizar nombramientos "son permanentes y de debido cumplimiento, de manera que deben seguir desarrollándose, porque lo contrario sería incumplir la norma fundamental, con grave quebranto para la justicia española". El Gobierno espera impedirlo a toda costa.
