El periodista Carlos Herrera, actualmente presentador de 'Herrera en COPE' en la Cadena COPE, ha perdido en su intención de recurrir la inspección de Hacienda por el IRPF de los años 2006 y 2007. La Audiencia Nacional desestima su apelación y da la razón al Ministerio, que afirma que el presentador empleó un entramado empresarial destinado a evitar el pago del IRPF.
Según la conclusión de Hacienda, el periodista facturaba a los medios de comunicación empleando distintas sociedades y, de este modo, eludiendo el pago de impuestos. La inspección arrancó en 2010 y ahora agota los recursos que había interpuesto el periodista.
En 2017, el Tribunal Económico Administrativo Central sentenció que el periodista de Cadena COPE tendría que pagar una multa de más de dos millones de euros a la Agencia Tributaria. Dicha sentencia fue recurrido ante la Audiencia Nacional, pero ahora este órgano rechaza las peticiones del comunicador. Su defensa indica que ya pagó el dinero señalado en 2012.
El entramado empresarial de Carlos Herrera
La sentencia afirma que Carlos Herrera empleó principalmente una empresa de la que poseía el 94% para cobrar a Onda Cero por el programa que entonces presentaba en dicha emisora. Además, empleó la sociedad para facturar a los medios escritos en los que colaboraba.
Dicha sociedad facturó más de tres millones de euros en las año analizado. De dicho dinero, alrededor de 800.000 euros fueron traspasado a Carlos Herrera por "rendimientos del trabajo". Hacienda sostiene que el periodista buscaba eludir la fiscalizad del IRPF y el impuesto de sociedades.
La Agencia Tributaria insiste en que la empresa utilizada no tenía medios para desarrollar todos los servicios que ofrecía. Además, indica que el contrato entre la empresa y Onda Cero no se podría haber hecho realidad sin que el periodista participara directamente.
La sentencia de Hacienda apunta a otras tres empresas que habrían formado parte de un entramado destinado a evitar el pago del IRPF que le correspondía. El cálculo que realizó el Ministerio establecía que el locutor tendría que haber pagado más de dos millones de euros.
