Un cargo de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), dependiente del Ayuntamiento de Madrid, ingresó más de 150.000 euros procedentes de una comisión asociada a un contrato de la propia compañía pública, según publica el diario El País.
Se trata de Pablo Pradillo, actual jefe de División en la compañía pública que habría ayudado a la empresa Inesco S.A. a preparar una oferta de un contrato de más de 6 millones de euros, IVA incluido, para la conservación, mantenimiento y adecuación de las instalaciones del Centro de Operaciones de Fuencarral.
Este cargo de la EMT se encontraba de "baja voluntaria" cuando desarrolló los trabajos para la empresa adjudicataria. Había dejado la compañía en 2018 y el contrato fue adjudicado en junio de 2019, un día antes de que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, tomara posesión como regidor. El pago de la comisión se efectuó en varios abonos entre 2019 y 2021, el último poco antes de la reincorporación de Pablo Pradillo a la empresa pública, según El País.
El citado medio indica que Pradillo le ha reconocido el cobro de una comisión del 3% a través de una sociedad llamada Mansaluve, una sociedad que montó inicialmente con unos amigos para abrir una yogurtería en las calles de Málaga y que después de la baja en la EMT reconvirtió para dedicarse a asesorar técnicamente a empresas.
Javier Pradillo es hijo del exgerente del Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid, José Manuel Pradillo, la cara visible del transporte público de la región durante la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta autonómica. El Ayuntamiento de Madrid ha anunciado que no tomará ninguna medida disciplinaria contra él por no haber causa judicializada.
Anticorrupción
El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid se desprende del caso y lo achaca a sus predecesores, la época de Manuela Carmena, ya que la licitación tuvo lugar durante su mandato. El delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha pedido explicaciones a la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
El equipo de Almeida amenaza incluso con llevar el caso a Anticorrupción si se confirman las irregularidades en el contrato, en una demanda que iría dirigida contra su predecesora en el cargo, Inés Sabanés, (actual diputada de Más País), Jorge García Castaño (concejal de Más Madrid) y contra el exgerente de la EMT, Álvaro Fernández de Heredia, que ostenta actualmente el mismo cargo en el Ayuntamiento de Valladolid.
Más Madrid, en declaraciones a El Diario, sitúa a Pradillo en el entorno de confianza del PP y asegura que los responsables del Ayuntamiento durante la etapa de Carmena desconocían su relación con la empresa adjudicataria del contrato por el que recibió la comisión. La concejala de Más Madrid Esther Gómez ha retado al delegado de Medio Ambiente y Movilidad a que "denuncie lo que quiera".
Durante el mandato de Carmena, le abrió un expediente en 2018 por infracción muy grave, debido a unas obras en la nueva cochera de la EMT de Fuencarral, al permitir que se perforara una cubierta en lugar de encapsularla y producirse un escape de amianto. Por ello, Pradillo estuvo sancionado con dos meses sin sueldo y, a su vuelta, se marchó a vivir a México.
"Era una joya que nos dejó el PP, una más", asegura Gómez. "Es un intento un poco patético de intentar, a ver si cuela, desviar la atención con todo lo que tiene el Gobierno de Almeida sobre la mesa", añade. Y sentencia: "Queremos saber por qué permitieron que se reincorporara si sabían que estaba asesorando a una empresa y no denunciaron, o por lo menos informaron al consejo de Administración".
