Pese a que el PP, tras la grave crisis vivida, trata de cerrar filas en torno a Isabel Díaz Ayuso defendiendo su honorabilidad, lo cierto es que el contrato de 1,5 millones de euros en mascarillas que el Gobierno de la Comunidad de Madrid adjudicó a un empresario amigo y por el que su hermano cobró una comisión sigue generando multitud de dudas.
Habiendo ofrecido varias versiones, la presidenta regional, para esquivar las acusaciones de corrupción, ha defendido en varias ocasiones que se trata de un "contrato ya fiscalizado por la Cámara de Cuentas de Madrid y que es perfectamente legal".
"El contrato pasó por la auditoría de la Cámara de Cuentas, concluyendo que no hay ni tacha ni reparo de ninguna clase en ninguno de sus aspectos", dijo también el consejero de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty en rueda de prensa. Incluso llegó a decir que el contrato fue elegido aleatoriamente por el organismo fiscalizador.
Ante estas delectaciones, ha tenido que salir la Cámara de Cuentas de Madrid para desmentir a Ayuso. El presidente en funciones de la entidad fiscalizadora, Carlos Salgado Pérez, a través de un escrito ha negado que dicha adjudicación haya sido ya auditada, afeando además el uso de la institución por parte de la presidenta madrileña.
Según expone, Ayuso y su consejero se refieren al anteproyecto sobre la fiscalización de los contratos tramitados por el Gobierno regional mediante el procedimiento de emergencia, en el que hay más de 200 contratos, no únicamente el de su hermano. Pero este anteproyecto todavía es un borrador que "no expresa el criterio definitivo sobre la materia analizada".
"Este informe no ha sido aprobado por el Consejo de la Cámara de Cuentas ni, por tanto, publicado en la web de la institución", insiste. Salgado Pérez recuerda que "actualmente, el informe de referencia está en trámite interno de elaboración y podría ser objeto de modificaciones como consecuencia de la fase de audiencia a las entidades fiscalizadas".
PP y VOX tumban la investigación en la Asamblea
Mientras tanto, la Mesa de la Asamblea de Madrid ha rechazado la tramitación de una Comisión de Investigación parlamentaria para analizar los contratos sospechosos realizados por los procedimientos de emergencia durante la pandemia y que favorecieron a la hermano de Isabel Díaz Ayuso.
La petición había sido registrada por segunda vez por los grupos políticos de la oposición de izquierdas, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos. La primera vez fue tumbada por PP y VOX y esta vez ha sucedido lo mismo, contando con el voto en contra de los populares y la abstención de la formación de extrema derecha. También, han sido inadmitidas las peticiones de comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de su hermano, Tomás Díaz Ayuso.
