La cabo A.I.L.T. está destinada en Ceuta y denunció a su capitán por haberla acosado sexualmente durante unas maniobras. Según la militar, el oficial se acercó a ella y le dijo: "Me pareces una mujer muy morbosa, siempre te estoy observando y me gustaría quedar contigo". Acto seguido el capitán, según la cabo, le puso una mano en la cintura y otra en el brazo. Fue en ese momento cuando ella le rechazó alegando que tenía pareja y que la relación entre ambos era meramente profesional.
A partir de entonces, la cabo relata que el capitán comenzó a acosarla laboralmente de forma que no le concedía permisos y la sancionaba cuando quería. Esto, según el testimonio de la militar y varios médicos que la examinaron, le causó un trastorno depresivo además de un aborto de cinco meses.
La denuncia de la militar llegó al Tribunal Supremo, que acabó absolviendo al capitán. El Ejército por su parte, basándose en la sentencia dictada por el Supremo, ha expedientado a la cabo por "hacer manifestaciones basadas en aseveraciones falsas" y según informa El País, el instructor ha ordenado que se le imponga un mes de arresto. Y es, según asegura el capitán, "ha quedado demostrada la falsedad" de las denuncias de la militar que habrían sido realizadas después de un intento de "conseguir que se reconociera su baja médica como contingencia profesional, con total desprecio por la imagen del citado capitán y en detrimento de la buena consideración de este en su unidad".
En este sentido, el instructor del caso calificó los hechos como falta disciplinaria grave y pide que en lugar de sancionar a la cabo de forma económica duante ocho o quince días, se le imponga una sanción de un mes de arresto por haber hecho que se juzgue al capitán. "No parece para el caso que nos ocupa proporcionado, ya que existe habida cuenta de la gravedad de las aseveraciones y de la inexorable lesión de buena fama del capitán por mor de haber conocido este asunto la jurisdicción militar, así como la penalidad sufrida por este", expone el instructor.
Pena máxima por falta grave
El acoso del capitán a la cabo habría comenzado en julio de 2014, siete meses después de las mencionadas maniobras, momento en el cual el oficial le comunicó otra sanción a la militar. Después de este incidente, la cabo pidió la baja médica tras sufrir un ataque de ansiedad que habría sido consecuencia del acoso que sufría por parte de su capitán. Tras este hecho se le habría abierto un expediente a la militar, que fue suspendido mientras se tramitaba la denuncia al capitán por acoso sexual y laboral, pero se volvió a reactivar el pasado enero cuando el capitán fue absuelto de manera definitiva. Por lo tanto, en menos de dos meses el instructor ha dado por cerrado el expediente y pedido la pena máxima para las faltas graves.
La orden del instructor contrasta con lo realizado por la justicia militar, ya que admitió la denuncia, se celebró el juicio y el fiscal dictó siete meses de cárcel para el capitán por "un delito de abuso de autoridad". Sin embargo, la sala militar del Supremo ratificó la absolución del capitán, aunque uno de los magistrados presentó un voto a favor de que se admitiese el recurso de presentado por la cabo.
Por otro lado, el juez que dictó siete meses de cárcel para el capitán asegura que el tribunal militar no valoró de forma adecuada los dos informes periciales que se realizaron a la cabo. Uno de ellos fue elaborado por un coronel médico psiquiatra que tras su observación dictaminó que la causa del trastorno psicológico que sufría la militar se debía a "la actuación inapropiada de su capitán". Mientras que la observación por parte del Hospital Central de la Defensa dictaminó que "la sintomatología de la cabo puede ser compatible con una situación de acoso". Por tanto la denuncia no sería un hecho sin fundamento como garantiza el instructor del caso.
Este caso deja de manifiesto que las denuncias presentadas por las militares a sus compañeros pueden quedar en nada e incluso la pena puede recaer sobre ellas. Lo que haría que muchas víctimas dejasen de denunciar por la pasividad de la justicia militar ante estos casos de acoso sexual y laboral en el ejército, que por el momento favorecen a los acosadores y agresores.
