La crisis económica y el estallido de la burbuja inmobiliaria de la primera década del 2000 ha cambiado la tendencia hacia el alquiler de vivienda, en detrimento de la compraventa.
La crisis económica, situada entre los años 2008 y 2017 (según datos del la UE), y su final reconocido un año después por parte del BCE (que plantea la retirada de los programas de estímulos), ha sido el desencadenante de una nueva implosión inmobiliaria.
Todo ello ha provocado que, por primera vez en la historia, las hipotecas sean más rentables que los alquileres, a pesar de que la banca ya no financia el 100% de los préstamos (la tasa actual se fija en un 80%).
España, por tanto, vuelve a vivir una crisis en el mercado inmobiliario que podría paralizar la economía: la subida de las mensualidades y el estancamiento de los sueldos implica menos dinero en nuestros bolsillos y, por tanto, menos consumo.
Expulsión del centro de las ciudades
Si algo ha cambiado en los últimos años, ha sido la pérdida de atractivo de las periferias para aumentar el interés por el centro de las ciudades. Este hecho, unido al problema de los alquileres turísticos, ha provocado la salida de muchos inquilinos que han visto como sus alquileres han llegado a doblarse en tan solo un mes.
Además, los contratos de arrendamiento se han reducido hasta los tres años, por lo que los propietarios cuentan con la posibilidad de aumentar el precio de sus viviendas de manera anual (y no solo en relación al IPC).
Por ello, el alquiler de habitaciones y compartir piso son tendencia, en el caso de que la emancipación no se antoje imposible.
El recuerdo del estallido de la burbuja
España ya ha vivido en su propia piel el estallido de una burbuja inmobiliaria y la subida irreal de los alquileres. La actual situación amenaza con un reajuste, similar al vivido en los mercados en el pasado mes de febrero y que podría poner en peligro la confianza en este sector.
El plan del actual Gobierno de Pedro Sánchez pasa por desinflar progresivamente esta burbuja para evitar que estalle. Se trata de evitar el mismo problema de 2008, con Rodríguez Zapatero en el Gobierno y generado tras la aprobación de la Ley del Suelo del 2001, con el Ejecutivo de José María Aznar.
Para ello, Moncloa prepara una modificación del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 que se aprobó el pasado mes de marzo con el Partido Popular aún en el gobierno. La medida del Ejecutivo de Rajoy pasaba por aumentar las ayudas al alquiler en detrimento de las compras. Se trataba de una inversión de 1.443 millones de euros, es decir, un aumento del 62% respecto al año anterior y se ejecutaría a través de las Comunidades Autónomas.
Las subvenciones, enfocadas principalmente para jóvenes y personas que hayan sufrido un deshaucio previamente, ayudaban (en realidad) a aumentar la burbuja. A mayor dinero disponible, mayor sería la renta (no hay límites a las mensualidades). Y, si no interesa, el inquilino puede optar por el alquiler turístico, que genera mayores ingresos y no cuenta con una regulación eficiente (con la excepción de algunas comunidades autónomas).
El Plan de Choque del nuevo Gobierno
La revisión del nuevo Ejecutivo deberá contar con el apoyo de la mayoría de la Cámara, aunque no se descarta su aprobación vía Real Decreto. Los socialistas quieren recuperar los contratos de alquiler a cinco años, limitar la subida a la evolución del IPC, poner un tope a las fianzas e incluir desgravaciones fiscales para quien alquile su vivienda bajo ciertos limites.
Este último punto cuenta con el consenso de Podemos y PSOE, aunque con diferencias. Los socialistas apuestan por deducir un 60% del IRPF a aquellos arrendadores que limiten las mensualidades, mientras que la formación morada prefiere limitar los precios por ley y sin ningún beneficio fiscal.
El aumento de los contratos a través del IPC también ayuda a combatir la subida. En la actualidad, no hay ninguna limitación al aumento de los costes de la vivienda, lo que ha permitido que los precios aumenten sin ninguna limitación. Esta medida se aplicaría únicamente durante los cinco años de firma del contrato.
Si se aprueba esta revisión, se pondría fin a la actual norma de tres años de contrato y posterior revisión anual.
El alquiler turístico queda fuera
La reforma de este plan no incluye a los polémicos alquileres turísticos, excluidos de la Ley de Arrendamientos Urbanos y principal causante del aumento de las mensualidades, sobre todo, en los centros de las ciudades.
La única situación en la que se contempla la aplicación de esta norma, se centraría en los alquileres superiores a 15 días y que no incluyan ningún servicio como limpieza o comidas. Es decir, aquellos que no sean comparables a establecimientos similares a hoteles o pensiones.
Podemos también pretende obligar a que los caseros registren y sufraguen la inclusión de la vivienda en el Registro de la Propiedad y a nombre de sus inquilinos. Además, contarían con derechos preferentes en el caso de que tengan la intención de comprar la casa en el futuro.
Con esta propuesta, se contempla evitar que los fondos buitre terminen con la propiedad de un edificio al completo y la expulsión de los inquilinos que residen de manera permanente. En la actualidad, el incremento de los alquileres ha provocado la expulsión de muchos inquilinos de sus viviendas y el fomento de la gentrificación en los centros de las grandes ciudades.
