La campaña del PP por hacer sembrar dudas acerca de la gestión de los fondos de recuperación por parte del Gobierno de coalición sigue su curso. España tiene adjudicados 140.000 millones hasta 2026, de los cuáles ya ha recibido 9.000 millones en cuanto a prefinanciación y otros 10.000, a finales de 2021, debido al primer tramo de ejecución del plan de recuperación europeo, es decir, por haber conseguido determinados objetivos y metas pactados durante la primera mitad del pasado año.
De hecho, era la propia Ursula con der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, la que el pasado 3 de diciembre lo anunciaba así en su cuenta de Twitter: "¡Buenas noticias para España! España ha avanzado lo suficiente en la implementación de su plan nacional de #NextGenerationEU. Por lo tanto, será el primer país de la UE en recibir un pago, con valor de 10 mil millones de euros, una vez que los demás Estados miembros lo autoricen".
¡Buenas noticias para España ????????!
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 3, 2021
España ha avanzado lo suficiente en la implementación de su plan nacional de #NextGenerationEU
Por lo tanto, será el primer país de la UE en recibir un pago, con valor de €10 mil millones, una vez que los demás Estados miembros lo autoricen. pic.twitter.com/PMVDZf1YbL
Pero siguiendo la campaña lanzada por Génova de cara a las elecciones de Castilla y León, lsabel Benjumea, eurodiputada del Partido Popular, ha puesto en duda la gestión de estos fondos y, en la comisión conjunta de Empleo y Asuntos económicos celebrada este martes 25 de enero, ha preguntado a Paolo Gentiloni, comisario de Finanzas, y a Valdis Dombrovskis, vicepresidente económico, sobre los mecanismos para fiscalizar la ejecución de España del fondo de recuperación y resilencia.
"Quería preguntar qué medidas va a poner en marcha la Comisión Europea para garantizar que se dé una ejecución real del mecanismo de resiliencia para la recuperación económica y en concreto quiero referirme al caso español, donde la Comisión Europea ha entregado 9.000 millones y luego otros 12.000 millones [en realidad fueron 9.000 + 10.000 millones] y no sabemos los datos reales de ejecución", ha preguntado Benjumea. "El éxito de los planes de recuperación depende de la ejecución real de los fondos, necesitamos que el dinero que la Comisión Europea está enviando a los Estados llegue a los ciudadanos", ha añadido.
Ambos han tenido que recordarle lo que dice el reglamento que ella misma votó en la Eurocámara: que el fondo de recuperación y resilencia se fundamenta en que el dinero llega después de que se cumplan los objetivos, no antes y que estos objetivos están basados en las transición verde y digital y las recomendaciones del semestre europeo.
"En relación con España, la decisión fue tomada de forma rápida porque muchos de los objetivos estaban relacionados con decisiones e iniciativas ya cumplidas y adoptadas por las autoridades, algo que es legal y que han hecho otros países. Ahora estamos empezando la evaluación de nuevas reformas e hitos, como la del mercado laboral y de las pensiones. Y en este caso, apoyamos mucho los acuerdos alcanzados con los agentes sociales", ha respondido Paolo Gentiloni.
El vicepresidente de los verdes critica a Casado
Por otro lado, Ernest Urtasun, vicepresidente de los verdes y eurodiputado por Catalunya en Comú, ha criticado en su cuenta de Twitter la política del PP respecto a los fondos de recuperación: "Friendly reminder para el Partido Popular. La Comisión Europea se la juega con la ejecución del RRF: su prestigio, su imagen y la capacidad de luchar por un instrumento permanente. Jamás van a participar de un show nacional sin ningún fundamento sobre la ejecución de los fondos".
Friendly reminder para @populares : la Comisión Europea se la juega con la ejecución del RRF: su prestigio, su imagen y la capacidad de luchar por un instrumento permanente. Jamás van a participar de un show nacional sin ningún fundamento sobre la ejecución de los fondos.
— Ernest Urtasun (@ernesturtasun) January 25, 2022
De esta forma, el eurodiputado ha destacado que el cuestionamiento que hace el Partido Popular de Pablo Casado no se produce únicamente hacia el Gobierno de España sino hacia la Comisión Europea y los comisarios, corresponsables de que este dinero sea utilizado adecuadamente.
