Desde Bruselas nos habían avisado. La Comisión Europea venía amenazando con sancionarnos si seguíamos incumpliendo los límites de contaminación atmosférica, y por este motivo, ahora tiene previsto aprobar una denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. De esta manera se culminará un expediente de infracción abierto contra España desde 2015.
Con este expediente, Europa lleva cuatro años llamando la atención a las ciudades de Madrid y Barcelona, donde se están excediendo los límites legales de dióxido de nitrógeno según la normativa comunitaria vigente desde el 2008. Cabe destacar que este es el mayor contaminante asociado a los problemas respiratorios y cardiacos, cuyo origen se relaciona directamente con el tráfico rodado y la quema de combustibles fósiles.
A mediados de 2018 Europa ya denunció a otros seis países: Alemania, Francia, Italia, Rumanía, Hungría y el Reino Unido. En este momento, la Comisión decidió no llevar a España ante el TJUE, con sede en Luxemburgo, por exceder los límites de contaminación del aire dado que el país había previsto o puesto en marcha medidas para atajar el problema que le parecían apropiadas, como fue el caso de Madrid Central, el área de bajas emisiones en la capital española. Se trató tan solo de una última oportunidad para que el país pudiera demostrar que iba a cambiar. Pero el expediente español no se archivó, y nos iban a mirar con lupa. Estábamos avisados.
La importancia de Madrid Central
El 9 de julio de 2019, en plena polémica por la paralización de la zona de bajas emisiones, el comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella, envió un escrito al Gobierno español advirtiendo de que los últimos datos analizados por su equipo eran una señal de que las medidas adoptadas estaban siendo insuficientes. Todo apuntaba a que el país iba a incumplir la directiva europea de nuevo, y las consecuencias no tardarían en llegar.
Esta denuncia a España será el último paso en un proceso que terminará, salvo algún imprevisto de última hora, en sanciones económicas. El país ha vuelto a ser el foco de la polémica desde que el nuevo Ayuntamiento de Madrid hizo públicos los intentos de eliminar Madrid Central.
Por su parte, el consistorio del popular José Luis Martínez-Almeida se ha comprometido a presentar durante los próximos meses ante la Unión Europea un modelo alternativo al propuesto por Manuela Carmena, para paliar la polución y evitar las sanciones europeas. Unas sanciones que desde el ejecutivo consideran que "no son una consecuencia de las políticas a llevadas a cabo" por ellos, dado que llevan "apenas mes y medio al frente de la administración".
El problema principal es el tráfico
Fuentes de la Comisión consultadas por El País aseguran que "los Ayuntamientos tienen libertad para adoptar las medidas que consideren necesarias para cumplir los límites de contaminación". Pero en este sentido, también señalan que dado el "cuasipermanente" incumplimiento de los límites en Madird"no tiene mucho sentido retirar una medida paliativa antes de que se pongan en marcha otras alternativas". El mismo predisente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, criticó desde el Congreso la "irresponsabilidad de intentar paralizar Madrid Central", y sostuvo que esto estaba exponiendo a España "a sanciones europeas".
Los verdaderos problemas contaminantes se focalizan en Madrid y en el área metropolitana de Barcelona, allí donde se rebasan los límites de dióxido de nitrógeno desde 2010. Así lo muestra el último Informe de Evaluación de la Calidad del Aire en España de 2018 elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica. En él, aunque se aprecia una mejora desde 2017, los problemas con este contaminante se vuelven a dar en ambas zonas, así como en el Corredor de Henares (Madrid) y también en Granada.
La principal causa de la contaminación por NO2 es el tráfico de las ciudades, y por eso en muchas capitales europeas ya se han puesto en marcha zonas de bajas emisiones que restringen la entrada de los coches más contaminantes. Una medida que se debería aplicar en las ciudades españolas de más de 50.000 habitantes para evitar las sanciones europeas y, sobre todo, para mejorar la calidad de vida de todos los habitantes.
