El sultanato de Brunéi, un antiguo protectorado británico en la isla de Borneo, es el primer país del este asiático en implantar la 'sharía', la versión más estricta de la ley islámica.
Si en el 2014 ya impuso multas y penas de cárcel por el embarazo fuera del matrimonio o la falta de oración los viernes; ahora, el Código Penal se ha propuesto continuar con el endurecimiento de la ley, y plantea imponer la pena de muerte por lapidación para el adulterio y las relaciones homosexuales.
No es novedad que las actitudes socialmente conservadoras son frecuentes en el sureste asiático. De hecho, Birmania, Malasia, Singapur y Brunéi tienen prohibidas las relaciones entre personas del mismo sexo, mientras que Indonesia ha sufrido un aumento masivo de las agresiones homófobas en los últimos años.
Por ello, la comunidad LGTBI nunca lo ha tenido fácil en la isla, ya que la diversidad sexual se castigaba con penas de hasta 10 años de prisión. Sin embargo, el sultanato ha dado ahora un paso más allá y pretende catalogar la homosexualidad como delito capital, lo que supone que aquellos que sean condenados podrán morir apedreados.
La nueva ley contempla además otras medidas que también vulneran los Derechos Humanos, como la amputación de la mano derecha por un delito de robo y la del pie izquierdo si se reincide.
Amnistía Internacional pide a Brunéi que dé un paso atrás
El sultán Hassanal Bolkiah anunció estas medidas por primera vez en 2013, pero su aplicación se retrasó por falta de precisión en los detalles y la fuerte oposición de las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Por aquel entonces, estas asociaciones organizaron varias protestas internacionales, como el boicot al exclusivo Hotel Beverly Hills en California, propiedad del sultán.
Amnistía Internacional, por su parte, ya ha condenado las nuevas normas por "atroces" y llama a Brunéi a que "detenga de inmediato" la aplicación de las nuevas medidas legales. El fundador del grupo de Derechos Humanos 'The Brunei Project', Matthew Woolfe afirma que tratan ahora de presionar al gobierno de Brunéi, pero "nos hemos dado cuenta de que hay un marco de tiempo muy corto hasta que las leyes entren en vigencia", a lo que añade que: "Nos sorprendió que el gobierno ahora haya dado una fecha y se esté apresurando en la implementación", asegura el activista australiano.
Por su parte, uno de los más importanes activistas LGTBI en Indonesia, Dede Oetomo ha destacado que, si la ley sale finalmente adelante, sería una gran violación de los Derechos Humanos a nivel internacional. "Es horrible. Brunéi está imitando a los estados árabes más conservadores", ha lamentado
Brunéi cuenta con aproximadamente 417.000 habitantes de los cuales dos tercios son musulmanes, mientras que alberga también importantes comunidades cristianas y budistas.
