El domingo pasado se puso fin a la celebración de las Olimpiadas en Río de Janeiro, después de las dudas existentes sobre si se podrían cumplir con los plazos para construir las instalaciones deportivas y si la ciudad era lo suficientemente segura, así como los problemas que estas instalaciones trajeron a algunos de los competidores, como la viralizada piscina verde.
Sin embargo, después de haber finalizado este macroevento solo resta plantearse cuál será el futuro de todas aquellas instalaciones que a menudo suelen convertirse en lo que se denomina 'Elefantes Blancos', pero también sobre las repercusiones que las Olimpiadas han tenido para el país y para sus habitantes. Y es que Brasil se encuentra en una situación política complicada: el impeachment a Dilma Rousseff está provocando una situación de malestar social en el país, donde el actual presidente en funciones, Michel Temer, está poniendo en marcha un proceso de privatizaciones y una serie de medidas de austeridad.
1 La construcción de las instalaciones olímpicas, una mina de oro
Según los datos de la Autoridade Pública Olímpica, el organismo creado en 2011 con el objetivo de organizar los Juegos, la inversión para el evento deportivo ascendió a 39.100 millones de reales (unos 11.100 millones de euros), lo que implica un aumento del 35% con respecto a lo que fue presupuestado frente al Comité Olímpico Internacional (COI) en 2008, unos 28.800 millones de reales (8.200 millones de euros). Según los datos oficiales, el 57% de estas inversiones tendrían que haber recaído sobre el sector privado mientras que el 43% habrían sido financiadas a través del sector público.
A unos 49 días del comienzo de los Juegos Olímpicos, Río de Janeiro decretó el 'estado de calamidad pública', al no poder hacer frente a las inversiones que el macroevento requería. En declaraciones recogidas por la BBC, el gobernador estatal interino Francisco Dornelles afirmó que la crisis "viene impidiendo al Estado de Río de Janeiro honrar con sus compromisos para la realización de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Río 2016".
Es por esto por lo que Temer, el presidente del Gobierno en funciones, aceptó una concesión de casi 3.000 millones de reales (854 millones de euros) a fondo perdido para gastos en la seguridad de las Olimpiadas. Este rescate se produjo al tiempo que los funcionarios públicos están cobrando su salario a plazos por segunda vez en todo el año.
Y es que en plena crisis económica en Brasil, con un Gobierno en funciones que quiere iniciar una oleada de privatizaciones, parece que los porcentajes de inversión pública y privada no se están sucediendo tal y como decían los datos oficiales. Según publica el diario La Marea, elComité Popular de la Copa y las Olimpiadas cree que el porcentaje de inversiones realizadas con dinero público asciende realmente hasta el 62,5% del total, dejando un 37,5% al capital privado. Es decir, las cifras se invierten.
2 Los contratos y las licitaciones públicas son extremadamente opacos
Todas estas obras que se han puesto en marcha para la celebración de los Juegos (46 proyectos según la Autoridade Pública Olímpica) también han sido objeto de quejas por la opacidad con la que se han llevado a cabo las contrataciones públicas.
Según publica el Instituto PACS (Políticas Alternativas Para el Cono Sur) en un informe titulado 'Rio de Gastos', la gran mayoría de los contratos de obras públicas se los han llevado las cinco mayores constructoras de Brasil, implicadas en graves casos de corrupción. Estas cinco empresas son Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, OAS y Queiroz Galvão, y son conocidas como las 'cinco irmãs', o cinco hermanas. Según este Instituto, únicamente en dos de las obras urbanas de Río de Janeiro estas empresas se embolsaron 3.000 millones de reales (854 millones de euros).
Todas ellas están implicadas en varios casos de corrupción pero, además, todas coinciden en el caso Lava Jato, una investigación que se ha venido a considerar el mayor caso de corrupción de la historia de Brasil. De hecho, en pleno desarrollo de los Juegos de Río pasó desapercibida la declaración del exdirector de la constructora Odebrecht, ahora en prisión por este caso de corrupción, en la que aseguraba que su empresa había donado en negro 3,5 millones de euros al partido de Temer (PMDB) porque este se lo había ordenado. De la misma forma, el actual ministro de Exteriores, José Serra, también fue señalado por haber recibido donaciones ilegales por valor de 8 millones de euros para su campaña presidencial en 2010, tal y como informa el diario Público.
"Obviamente, la influencia de esas empresas en los Gobiernos hace que la política sea extremadamente dependiente al dinero de esas empresas, principalmente financiadoras de las campañas electorales, influyendo directamente en el curso democrático del país", afirman los investigadores del Instituto PACS en el mencionado informe.
3 El metro, otro asunto polémico
Otro de los grandes problemas que presentaba la ciudad brasileña para la celebración de los Juegos Olímpicos era el transporte, demasiado congestionado. Es por esto por lo que se puso en marcha una ampliación del metro, construyendo la línea 4 que uniría Ipanema con Barra da Tijuca, donde se encuentra la Villa Olímpica. Sin embargo, la situación de las finanzas del Estado de Río, que tuvo que declararse en "estado de calamidad pública", planteó el problema de la forma en que se iban a conseguir fondos para esta inversión que, por otro lado, ya había levantado numerosas protestas.
La línea 4 solo estuvo a disposición de los atletas, los miembros del personal que estuvieron relacionados con los Juegos Olímpicos o el público que fue a visitar algunos de los espectáculos, pero no para la población local.
Según informa La Marea, este proyecto implicó que se dejase de lado la idea de la construcción de la línea 3, que uniría el centro de Río con los municipios de la zona este, lugares desde los que diariamente se desplazan muchos trabajadores. Por otra parte, la línea 4 fue abierta en la semana de inauguración de los Juegos, sin que se pusiese en marcha el período de prueba que se exigía por motivos de seguridad.
Y es que las prisas por acabar las construcciones necesarias para la celebración de los Juegos han dado más de un susto. Ya en el mes de abril una ola tiró un tramo del carril bici que se había construido junto al mar, provocando la muerte de dos personas y abriendo el debate sobre la seguridad de las construcciones Olímpicas en Brasil.
4 Las privatizaciones, el futuro de Brasil
Si bien el sector público ha puesto gran parte del dinero que se ha necesitado para estas inversiones, los beneficios han sido privatizados y están en manos de las grandes empresas dedicadas a la construcción. Pero este es el futuro que le espera al país. Tras jurar su cargo, Michel Temer aseguró que había que comenzar con las privatizaciones y el recorte del gasto público.
Así, estos días, una vez terminados los Juegos Olímpicos, el presidente interino Temer se prepara para anunciar una lista de privatizaciones con las que pretende recaudar 10.000 millones de euros, junto con las concesiones y las asociaciones entre el sector público y el sector privado.
En los próximos meses se irán conociendo los siguientes pasos que va tomando el Gobierno interino. Mientras tanto, parece claro que la organización de los Juegos Olímpicos no ha sentado nada bien a la economía de Brasil, ya de por sí sumida en una gran crisis económica y política.
