A pocos minutos de las 8 de la mañana, Blanca recibía una llamada de sus asistentas de Servicios Sociales, indicado que la comitiva judicial iba a expulsarla de su casa. La anciana, residente en El Barrio del Gòtic de Barcelona, y que en los últimos meses había recibido numerosas muestras de apoyo, ha tenido que abandonar la vivienda en la que lleva desde los años 60. "Yo me quiero morir aquí", repetía constantemente.
La comitiva judicial llamaba a la puerta de su casa y, entre llantos, súplicas y protestas, la anciana se ha despedido del que ha sido su hogar durante más de 50 años. De la mano de un médico del Sistema d'Emergències Mediques (SEM), ha bajado las escaleras, ha abandonado el edifico y ha puesto rumbo a un hotel de la ciudad, donde permanecerá hasta que pueda acceder a una vivienda pública para personas mayores.
La "artimaña" de la propiedad
El pasado noviembre, el caso de Blanca se viralizó por todo el país, causando una gran movilización social y mediática. A raíz de la presión, los propietarios del inmueble accedieron, supuestamente, a negociar un alquiler a precio de mercado, esto es, superior al actual de renta antigua, pero que pudiese asumir la inquilina. Según la plataforma Resistim al Gòtic, "lo único que buscaba la propiedad era echarla y alquilar el inmueble a un precio superior".
Portavoces de esta asociación argumentaron que, para expulsar a Blanca, la propietaria hizo un "juego sucio" cuando compró el inmueble completo en 2010: "Hizo unas obras en el piso, además mal hechas, y le pasó a Blanca una factura de 88 euros". Este importe nunca se pagó y en vez de intentar cobrarlo por vías ordinarias, la propietaria acudió a los tribunales.
???? El col·lectiu Resistim al Gòtic (@resistimalgotic) responsabilitza l'Ajuntament de Barcelona del desallotjament produït per un desacord d'última hora, mentre que el consistori assenyala que ha estat la propietat qui hi hauria posat les traveshttps://t.co/6ykKSnINA4 pic.twitter.com/7uyAy53XcB
— NacióDigital (@naciodigital) February 1, 2024
Críticas al Ayuntamiento
Según fuentes municipales, el Ayuntamiento de Barcelona había hecho una propuesta a la propiedad: "Ofrecer una ayuda de emergía social" de 1.000 euros a nombre de la mujer pero abonada directamente a la titular del piso. El objetivo era que Blanca tuviese la oportunidad de permanecer más tiempo en la vivienda ya que "durante 2024 podría optar a la adjudicación de una vivienda pública para gente mayor".
El plan servía como respuesta a la "demanda de garantías de cobro que hacía la propiedad". No obstante, los mismos portavoces apuntan que "el Ayuntamiento no puede avalar pagos de terceros". Además, la titularidad denegó hasta el último momento la iniciativa municipal de abono directo de la ayuda.
Los manifestantes del barrio lo ven de otra forma. La asociación vecinal Resistim al Gòtic culpa al Ayuntamiento del desahucio de Blanca y, en concreto, a la concejala de Derechos Sociales, Maria Eugènia Gay. De hecho, en un comunicado sostienen que ha "roto en el último momento" un acuerdo que "ya estaba hecho" y que contaba con muchos precedentes. De esta forma consideran los argumentos aportados por la Administración "completamente absurdos".
Además critican que la mujer tenga que hospedarse en un hotel alejado de su barrio de referencia. El consistorio sostiene que "se ha activado un alojamiento de emergencia en el Eixample" y que Blanca podrá regresar "durante los próximos días" a la vivienda para "recoger todo lo que permanezca en su interior".
