El ministro belga de Inmigración y nacionalista flamenco, Theo Francken, se ha ofrecido a conceder asilo político al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, en el caso de que no reciba un "juicio justo" a cuenta de su previsible imputación por los delitos de rebelión, sedición o prevaricación.
"Se está hablando ya de una pena de cárcel. Quedaría por ver hasta qué punto sería justo ese juicio", ha asegurado el ministro en una entrevista a la cadena belga VTM. Bélgica es uno de los pocos países que contemplan la acogida de refugiados procedentes del interior de la UE.
El responsable belga, sin embargo, reconoce que la acogida de Puigdemont podría generar problemas: "Está claro que esto nos pondría en una difícil situación diplomática con el Gobierno español".
Sin embargo, Francken reconoce: "Es posible, por ley, solicitar asilo en Bélgica; una solicitud que, como todas las demás solicitudes de asilo, será examinada de manera objetiva, correcta e independiente, como les gustaría a los españoles que sucediera".
La tensión diplomática entre Bélgica y España se sitúa en su punto más alto. El motivo es que el primer ministro de Bélgica, Charles Michel, gobierna en coalición con el partido de Francken, la Alianza Neo-Flamenca, cuyo programa político apuesta por la separación pacífica de Flandes.
Por ello, y a diferencia de los socios europeos, el gobierno belga mantiene una postura equidistante con La Moncloa. Una respuesta que se ha repetido a nivel internacional: Israel, por ejemplo, se niega a condenar el independentismo porque España nunca se ha mostrado proclive a reconocer que Palestina forma parte de Israel.
El president, mientras tanto, medita también la posibilidad de seguir el modelo de Assange y recluirse en una embajada para evitar una extradición que le permita ser juzgado por un tribunal español. El fundador de Wikileaks permanece refugiado desde 2012 en la embajada de Ecuador para evitar que Suecia le procese por dos delitos de abusos sexuales.
La Fiscalía española, mientras tanto, ya prepara las querellas por sedición, prevaricación y rebelión contra el expresidente Puigdemont, su exvicepresidente Oriol junqueras y la actual presidenta del Parlament, Carme Forcadell. El antiguo Govern de la Generalitat al completo también puede enfrentar procesos similares por estos hechos.