Alberto González, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, adquirió una vivienda en el barrio de Chamberí, uno de los más cotizados de la capital, el 27 de julio de 2022. Esta adquisición se produjo tras obtener los beneficios por un presunto fraude fiscal que ha denunciado la Agencia Tributaria.
Se trata de una vivienda situada en la sexta planta de un bloque de viviendas de lujo construido en la década de 1970 para el Alto Estado Mayor de la Defensa. La vivienda que comparten ambos tiene una extensión de 183,77 metros cuadrados.
El piso se compone de un vestíbulo, distribuidor para el comedor y zona de estar, despacho, cocina, tres baños y cinco habitaciones, una de ellas específicamente diseñada para el servicio, que también cuenta con un pequeño vestíbulo específico.
La vivienda aparece fijada por encima de los 800.000 euros en el catastro, aunque fue comprada por 1.147.593 euros. Se formalizó para su compra una hipoteca de 500.000 euros a 20 años. Por tanto, una parte de esta compra ya ha sido abonada y aparece en su adquisición la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González.
Denuncia de la Fiscalía
La investigación señala que la pareja de Isabel Díaz Ayuso habría presentado, en el conjunto de sus compañías, una quincena de facturas falsas por gastos ficticios que sumarían 1,7 millones de euros en su conjunto. Las investigaciones se centran en la sociedad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medio Ambiente, cuyo administrador único era González, según consta en la denuncia.
Los presuntos delitos habrían tenido lugar cuando la presidenta madrileña ya había formalizado su relación con Alberto González, que trascendió al púbico en mayo de 2021 y se corresponden con las declaraciones hechas en 2021 y 2022 sobre los ejercicios fiscales de 2020 y 2021.
Alberto González es técnico sanitario y esta no es la primera ocasión en que la líder del Ejecutivo madrileño muestra su cercanía a este sector. Su padre era empresario de este sector y fue objeto de polémica por un crédito concedido desde la entidad semipública Avalmadrid, dependiente de la administración regional, que nunca se devolvió al completo y donde una comisión parlamentaria apreció un trato "preferente" e "irregular".
También se ha situado en el foco el hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso, por una comisión de casi 300.000 euros por proporcionar a la empresa Priviet Sportive que obtuvo or un contrato de mascarillas valorado en 1,5 millones de euros que firmó la Administración que dirige su hermana, y por la que la Fiscalía no encontró entonces delito.
