La pandemia del coronavirus ha demostrado las carencias que arrastra la sanidad madrile´ña tras 24 años de recortes ejecutados por los sucesivos gobiernos del Partido Popular en la región.
A pesar de que se ha convertido en el epicentro de la crisis sanitaria en España y que la falta de medios ha obligado a imponer un triaje donde se ha negado asistencia a los mayores; el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso está lejos de reforzar el sistema: quiere recortarlo.
Las políticas del Ejecutivo madrileño evidencian el cambio de modelo. Por ejemplo, el 27,72% del total de las camas son privadas, frente al 5,13% de La Rioja. En cuanto a la derivación a especialistas de la privada, hay 1,34 consultar por año y habitante frente a 0,34 en Castilla y León.
El triaje de las residencias, además, cumple con los intereses del Gobierno de la Comunidad de Madrid: recortar y desacreditar el sistema público para que el paciente se sienta inseguro, contrate un seguro privado y se avance hacia un modelo sanitario más próximo al que ya se vive en Estados Unidos.
Los recortes y privatizaciones continúan. El primer gesto será la entrada de capital privado en el Hospital Niño Jesús de Madrid, donde se creará una nueva unidad que será gestionada por completo a través de una empresa privada, a pesar de que este modelo ha evidenciado que dispara el gasto (hay sobrecostes de 3.000 millones en los centros gestionados por esta vía) y ofrece peores cualificaciones en los ratios de calidad.
Además, ha privatizado la limpieza de seis hospitales en plena pandemia, además de unos laboratorios de análisis clínico que afectan a más de 1,2 millones de pacientes.
Todas estas privatizaciones, además, ponen en riesgo la atención de los pacientes. El problema: la Comunidad de Madrid blinda contratos con plazos entre 5 y 10 años; llegando a los 50 años en determinados casos -cuando se trata de la construcción completa de un hospital-. Como está blindado jurídicamente, si la empresa privada no ofrece un servicio eficaz, no hay forma de rescindir el contrato ni exigir una mejor atención a los pacientes.
También contra la educación pública
Las políticas contra los servicios públicos que está desempeñando Isabel Díaz Ayuso no se reducen al sistema sanitario, sino que también está recortando la educación pública con el objetivo de derivar a los menores hacia la concertada o privada.
En este caso, sucede lo mismo que con la sanidad: se recorta hasta en lo esencial hasta que se genera una sensación de desconfianza que obliga a los ciudadanos a decantarse por las opciones gestionadas por empresas privadas. Curiosamente, la gran mayoría de esos centros educativos concertados terminan en manos de la Iglesia católica, donde sus alumnos suelen registrar una mayor tasa de voto hacia formaciones conservadoras.
El recorte que se prepara para este curso es grande. El sindicato Comisiones Obreras alertó que la Comunidad de Madrid tiene previsto acabar con 14.121 plazas públicas en el próximo curso.
En total y como indica el número de plazas anunciadas en el proceso de admisión, el Gobierno de Ayuso elimina por completo 466 grupos, que equivalen al número de plazas citas. La zona más afectada, además, es el área sur, la más vulnerable y donde la educación pública ya arrastra una mayor concentración en aulas.
De manera paralela, el Ejecutivo regional promociona la educación concertada. Un modelo que ha terminado con Madrid como la segunda región de toda Europa con mayor segregación escolar por nivel socioeconómico.
