En pleno debate sobre la amnistía, manifestaciones ante la sede nacional del PSOE y la formación de una mayoría parlamentaria de un Gobierno a nivel nacional, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aprovechado la vía de urgencia para aprobar un recorte de derechos a las personas LGTBI y trans.
El PP adopta esta decisión con una modificación legislativa de las normas aprobadas en 2016. La formación conservadora, cuya líder había pactado en las pasadas elecciones un recorte en estas legislaciones con VOX y que ahora no depende parlamentariamente de esta formación, pone en cuestión parte del marco jurídico que ampara los derechos de personas LGTBI y, en particular, trans y recorta algunos derechos.
Acoso escolar a menores LGTBI en las aulas
La modificación que aprueba Isabel Díaz Ayuso implica eliminar el plan contra el acoso escolar a los alumnos LGTBI en los colegios. Se retiran todos los planes de estudio con contenidos dirigidos a mostrar la realidad de las personas LGTBI y no se formará al profesorado en esta materia. Tampoco se prevé instar a los medios a que respeten a las personas LGTBI en sus contenidos.
La realidad es que el segundo lugar donde se producen mayores casos de acoso por motivos de LGTBIfobia son los colegios. El informe de COGAM sobre discriminación en las aulas publicado en 2023 indicó que tan solo un 23% han encontrado la oportunidad de explicar que su orientación sexual o identidad de género son LGTBI. De ellas, un 21% explica que sufre un "ambiente hostil" y que su visibilidad "puede tener consecuencias negativas en el trato con otras familias del centro o sus familias".
Un elevado porcentaje de alumnos presentan problemas emocionales. El 60% de menores ha sufrido acoso escolar, según el informe LGTBIfobia en las aulas de FELGTBI. Por este motivo, muchos consideran que no son válidos para desarrollar los estudios que desean ante la ausencia de referentes o al creer que no son válidos para desarrollar una trayectoria vital acorde a sus deseos, una realidad completamente vinculada a la discriminación que están padeciendo.
Esto se suma a la calle como el lugar más hostil, donde se producen la mayoría de situaciones de acoso, un 78,5% de las denuncias.
Terapias de conversión para personas trans
La medida introducida por la presidenta de la Comunidad de Madrid también elimina la prohibición de las denominadas terapias de conversión para las personas trans. Se trata de tratamientos anticientíficos que pretenden modificar la identidad de género de las personas trans para que no se identifiquen como tal.
Este tipo de prácticas tiene consecuencias en sus víctimas. Un informe elaborado por el Parlamento Europeo explica que pueden padecer pensamientos suicidas e intentos de suicidio como autolesiones y desarrollar depresión, ansiedad o autorrechazo.
Autodeterminación de género
Se eliminará, además, el derecho a la autodeterminación de género libremente manifestada, así como el libre desarrollo de la personalidad y a ser tratado conforme a la identidad de genero de cada persona. Este derecho ya no se reconoce en el Madrid de la "libertad".
La autodeterminación de género permite que las personas trans puedan adecuar su nombre con su identidad de género en sus documentos legales. Para llevar a cabo un tratamiento, los menores además tienen que volver a ser atendidos en salud mental, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud dejó de considerar la transexualidad una patología en junio de 2018.
La transfobia tiene consecuencias psicológicas y sociales. Entre ellas, un menor apoyo social, cuadros de hipervigilancia, problemas de ansiedad y estrés, trastornos de la conducta alimentaria o mayor riesgo de suicidio.
Inversión de la carga de la prueba
Uno de los puntos señalados en esta modificación legislativa se centra en la inversión de la carga de la prueba. El PP considera que pone en cuestión la presunción de inocencia y, por este motivo, retirará este punto de la ley en el procedimiento de urgencia.
La realidad es que este principio se aplica en procedimientos cuando existe una estigmatización de la víctima. La realidad es que la mayoría de personas LGTBI que sufren violencia o casos de discriminación no denuncia, solo el 20% durante los últimos cinco años ha acudido a una comisaría a presentar una denuncia, según los últimos datos del informe de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales (FELTGTI+), 'Estado LGTBI+: Estado del odio', elaborado por 40dB.
Hay motivos variados, pero la mayoría de las víctimas creen que han restado importancia a los hechos que han vivido o piensan que denunciar un caso de este tipo no sirve de nada. Además, exponen que "no me iban a creer" o "me daba vergüenza", además de sentir temor por la Policía y riesgo de sufrir nuevamente LGTBIfobia en las comisarías.
El informe señala que existe en estos momentos "infradenuncia", que casi el 30% de las personas LGTBI de 18 años en adelante sufre acoso y el 27,5% casos de discriminación. Además, el 8,6% es víctima de agresiones sexuales o físicas.
