Isabel Díaz Ayuso está preocupadísima. La nueva Ley de Educación que está impulsando el Gobierno de Pedro Sánchez, la LOMLOE, ha despertado la ira de la derecha y de la extrema derecha, que ha salido en tromba a manifestarse clamando varias mentiras sobre la también llamada Ley Celaá, como que pretende acaba con la escuela concertada o con la educación especial. Y ahí ha estado la presidenta de la Comunidad de Madrid, acompañada del alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida; y del líder del PP Pablo Casado, para anunciar que hará todo lo posible para entorpecer su implantación en la región. Porque ella es muy demócrata.
Preocupada pero de cara a la galería. Lo justo para hacerse la foto, parecer indignada y de pase crispar un poco a la sociedad. Porque después de acudir a la manifestación convocada el pasado domingo 20 de diciembre, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha decidido no renovar el contrato a 1.117 profesores incorporados a principios de curso como refuerzo contra la Covid en las aulas madrileñas y cuyos contratos finalizan este 22 de diciembre. La cifra de despidos o no renovaciones asciende, no obstante, a 1.500, según los sindicatos, teniendo en cuenta al personal no docente que también verá su contrato finiquitado.
Llama especialmente la atención el caso de los 388 profesores de educación especial que no verán renovado su contrato. Será la forma en la que Ayuso, después de convertir la educación especial en caballo de batalla contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de querer destruirla, pretende protegerla y reforzarla.
El Gobierno de Ayuso ha desoído tanto a los sindicatos como al resto de fuerzas políticas en la Asamblea de Madrid, que le han instado a a renovar los contratos de los docentes. Los sindicatos mayoritarios en la enseñanza pública madrileña (CCOO, ANPE, CSIF y UGT) registraron el 10 de diciembre una "solicitud urgente de negociación colectiva" ante el Gobierno regional, así como la suspensión cautelar de los ceses de 1.117 profesores de refuerzo. En ese sentido, el pleno de la Asamblea de Madrid aprobó una proposición no de ley, en la que el PP, Ciudadanos y VOX se abstuvieron, cuyo carácter no es vinculante, en la que reclamaba al Gobierno regional que no finalicen estos contratos.
El consejero de Educación, Enrique Ossorio, ha negado en una entrevista en la Cadena Ser que la terminación de estos contratos se deba a un "tema económico". "No es un problema de dinero, tenemos otros programas de refuerzo como el PROA+ en Secundaria, el PAI en Primaria y un plan de refuerzo que empieza en enero", ha mantenido Ossorio.
No obstante, a principios de diciembre los partidos que conforman el Ejecutivo madrileño justificaron la decisión de prescindir de este personal educativo por la falta de fondos y trasladaron la responsabilidad al Gobierno central para que sea éste último el que aportara los fondos.
Quitar el refuerzo en la pública para ponerlo en la privada y concertada
Los sindicatos calculan que esta salida masiva de profesores afecta a 20.000 alumnos madrileños en un momento en el que la pandemia por coronavirus ni mucho menos ha concluido. Madrid prescinde así del personal contratado como "refuerzo Covid" para paliar las dificultades de aprendizaje generadas por el confinamiento y la suspensión de las clases presenciales. La región, además, se separa de la mayoría de autonomías que han considerado necesaria la continuidad de la inversión en personal de refuerzo para el resto del curso lectivo.
Y mientras quita el refuerzo en la educación pública, Ayuso se ha apresurado en garantizar la "ampliación de la dotación de recursos a los centros privados concertados para la aplicación de medidas organizativas y de prevención higiénico sanitarias frente al Covid-19 durante el curso 2020-2021". Esta resolución de la Dirección General de Educación Concertada de la Comunidad de Madrid ha generado enorme malestar en las familias y entidades vinculadas a la escuela pública.
Según el titular de esta Dirección, Manuel Bautista Monjón, que firma la resolución con fecha 2 de diciembre, la ampliación de la asistencia con dinero público se justifica por "la continuidad de la crisis sanitaria por el Covid-19", un extremo la presidenta de la Comunidad de Madrid no contempla en la enseñanza pública. Se ve que para los alumnos y alumnas que van a colegios públicos ya no hay pandemia.
