El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció el pasado 22 de marzo la primera gran compra de material sanitario para combatir las consecuencias de la pandemia. Para ello, aprobó un gasto de 23,3 millones de euros, que ha generado polémica por uno de los empresarios a los que seleccionó el Gobierno regional.
La primera factura emitida en esa partida de gasto se corresponde con 5,6 millones de euros para el empresario venezolano Roger Swidorowicz, presidente ejecutivo de Sigma Dental.
Se trata de una filial domiciliada en Florida (Estados Unidos), a la que se pagó por suministrar mascarillas, test rápidos, monitores, camas y batas. El empresario, afincado en España, figura en al menos ocho sociedades en Panamá y una sociedad instrumental en Barbados a nombre de su esposa.
El contrato se adjudicó a dedo aprovechando el procedimiento de emergencia que anulaba los procedimientos ordinarios, aquellos que garantizar el control de las adjudicaciones.
Hay dos factruras suscritas con este empresario y su sociedad. El 21 de marzo se aprobó una partida de 2,5 millones y el 11 de abril una segunda de 3,1 millones de euros, según consta ahora en el portal de transparencia del Gobierno autonómico tras una solicitud de El Diario.
Empresario con larga experiencia en el sector sanitario y gestión de sanidad privada
El empresario venezolano, Roger Swidorowicz, exhibe su larga experiencia en el negocio sanitario y asegurador. En la web del despacho de asesoría española Prolaw, donde consta como "consultor", aparece un currículum con una larga lista de cargos en aseguradoras privadas y gestión privada de la sanidad.
La empresa asegura que la Comunidad de Madrid fue quien inició los contactos en todo momento y que se dirigió hacia la empresa de Swidorowicz para pedir material y la gestión de las compras.
"Ustedes que tienen experiencia en esto, ¿no nos podrán ayudar a gestionar esto y conseguir proveedores que no nos vayan a timar? Nosotros ponemos nuestra experiencia al servicio de quien nos lo pidió", asegura el empresario, sobre las peticiones de la Comunidad.
Swidorowicz también señala que las operaciones se realizaron con todas las garantías pertinentes y siempre a través de la filial del grupo en Florida, Estados Unidos. Además, señalan que ofrecieron a la Comunidad de Madrid todos los certificados que avalaban su gestión.
