La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acudió al debate electoral con motivo de las elecciones del 4 de mayo de 2021, organizado por Telemadrid, en el que se encontraba Pablo Iglesias como candidato por Podemos a la presidencia de la región.
En aquel encuentro, ambos mantuvieron un rifirrafe a cuenta de la vivienda de Iglesias. El entonces candidato de Podemos le había cuestionado por el estado de la sanidad madrileña, la polémica de la residencias y el mando único, cuando la entonces candidata popular le espetó: "Usted, al chaletazo". Iglesias le respondió en ese momento: "Mi casa me la pago yo, no me pone un piso de lujo Sarasola como hacen con ustedes".
???? @PabloIglesias a Ayuso:"Mi casa me la pago yo, no me pone un piso de lujo Sarasola como hacen con ustedes.
— PODEM (@podem_cat) April 21, 2021
Mi vicepresidencia daba las indicaciones a la UME de las residencias a desinfectar. Porque nosotros no somos de hacernos fotos, somos de gestionar"????.#DebateTelemadrid pic.twitter.com/lGx877ck1u
Iglesias se refería a la estancia de la presidenta madrileña en el hotel del empresario Kike Sarasola durante la primera ola de la pandemia, por la que finalmente presentó públicamente una factura en la que indicaba el pago de 5.680 euros por su estancia.
Tres meses
Ayuso venció en aquellos comicios y casi tres meses después, el 27 de junio de 2021, según aparece en el registro de la propiedad, su pareja Alberto González compró una vivienda de 183 m2 en el exclusivo distrito de Chamberí, por la que se abonó 1.147.593 euros, para la que pidió una hipoteca de 500.000 euros a 20 años. La compra de esta vivienda se produjo después de que González obtuviera los beneficios por un presunto fraude fiscal que denuncia la Agencia Tributaria.
Junto a esta vivienda, la pareja de la presidenta madrileña también habría comprado un coche de lujo Maserati, también en 2021, un modelo Ghibli valorado en el mercado desde los 83.000 euros. La compra de la vivienda y el Maserati se habría producido cuando ambos ya eran pareja y González había obtenido los beneficios que aparecen en la denuncia, alrededor de 350.000 euros en el pago de impuestos.
La Fiscalía afirma en su denuncia que la empresa Maxwell Cremona se había utilizado para la emisión de facturas falsas para camuflar el beneficio obtenido mediante las comisiones por su intermediación sanitaria en la peor época de la pandemia.
Hacienda había detectado sospechas en las declaraciones presentadas en 2021 y 2022 por las sociedades de Alberto González. El informe muestra que existió un incremento "exponencial" de la facturación desde 2020, cuando comenzó la pandemia. En las cuentas anuales aparece reflejado que las ventas se multiplicaron por más de seis, hasta 2,3 millones, sin embargo, solo declaró 8.400 euros de beneficio ante Hacienda.
Se investigan en el marco de este caso dos sociedades, Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos para el Fomento del Medioambiente, propiedad al completo de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Las empresas estarían dedicadas al sector sanitario, a la que se añade otra sociedad, Masterman & Whitaker Medical Supplies and Health Process Engineering, de cosmética y farmacia y sin empleados, que habría sido empleada para el desvío de fondos, según Hacienda.
La Fiscalía investiga "gastos ficticios en facturas emitidas por diversas sociedades" y "gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados, todo ello, con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021", según aparece reflejado en la denuncia del fiscal. El informe de la Agencia Tributaria le atribuye dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades, por 155.000 euros en 2020 y por 195.951,41 euros en el siguiente ejercicio.
También se le imputa un delito de falsedad documental por presentar facturas falsas a través de empresas externas. Se trata, en total, de una quincena de facturas falsas por gastos ficticios que alcanzarían 1,7 millones de euros. De este modo, se buscaría rebajar los beneficios de sus sociedades durante la pandemia, desgravar gastos nunca realizados, reducir los beneficios declarados al fisco y pagar 350.000 euros menos en impuestos durante dos anualidades.
