Las denominadas 'Becas para ricos', ayudas para familias que cobran más de 100.000 euros anuales, generaron una auténtica polémica durante el pasado verano. Pero ahora, en diciembre, este asunto continúa abriendo debate, puesto que todavía no hay constancia de quienes se han beneficiado realmente de este tipo de ayudas.
La Consejería de Educación todavía no ha publicado en el boletín oficial de la región (BOCM) la lista de beneficiarios ni excluidos por este tipo de ayudas para el curso 2022-2023. Es la denuncia que ha realizado el sindicato CCOO, que considera que constituye una "irregularidad". A juicio de la secretaria general de la Federación de Enseñanza de este sindicato en Madrid, Isabel Galvín, Ayuso sigue "actuando con una total falta de transparencia en el manejo del dinero público".
La Consejería de Educación aprobó la concesión de las becas el pasado 14 de noviembre, según aparece en el BOCM, en una orden por la que se resuelve la convocatoria de becas para el estudio de Bachillerato en la región. En dicho escrito, también se delimita los alumnos que quedarán excluidos.
A pesar de la orden y de que ya se han concedido las ayudas, todavía no se han publicado los nombres concretos de los beneficiarios de las ayudas, que han resultado controvertidas para la opinión pública. Además, tampoco se ha hecho público quiénes han resultado excluidos.
CCOO afirma que esta circunstancia "supone una irregularidad, un desconocimiento de las cuantías de las becas concedidas y una falta de transparencia para la comunidad educativa, así como para el resto de los ciudadanos y ciudadanas madrileños".
Un recurso
El sindicato recurrió la convocatoria de becas de Bachillerato porque se destinaba exclusivamente a alumnos de centros privados y dejaba fuera a aquellos que acuden a centros públicos, por lo que CCOO considera que se trata de una medida "discriminatoria". Por estos hechos, se presentó un recurso que se encuentra pendiente de resolución judicial.
CCOO denuncia que "la Consejería de Educación usa los impuestos de toda la ciudadanía para llenar los bolsillos de unas pocas empresas. Es una redistribución a la inversa".
