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Ayuso no medicalizó las residencias de Madrid porque dio prioridad al hospital de Ifema

Así lo contó un ex alto cargo de Ayuso que firmó los denominados 'Protocolos de la Vergüenza'.

Ayuso no medicalizó las residencias de Madrid porque dio prioridad al hospital de Ifema

Carlos Mur, director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid durante los primeros meses de pandemia, fue quien firmó los llamados "protocolos de la vergüenza", las órdenes dictadas por la Consejería de Sanidad para prohibir el traslado al hospital de los mayores que vivían en una residencia y que enfermaron de COVID durante la primera ola de la pandemia.

Hace seis meses declaró en un juzgado que la Comunidad de Madrid no medicalizó las residencias de Madrid porque dio prioridad al hospital de Ifema. "La canalización de medios a otros dispositivos que se estaban abriendo no permitió contar con medios para medicalizar las residencias como debía", afirmaba ante el juzgado de Plaza de Castilla en marzo de 2023, según la Cadena Ser.

En sus declaraciones menciona expresamente Ifema, donde se levantó un hospital de campaña en las primeras semanas de la pandemia, en marzo de 2020. En esa primera declaración judicial, Mur explicó que a este hospital de Ifema tan solo se trasladó a 23 ancianos procedentes de dos residencias de Villaviciosa de Odón y Collado Villalba, a los cuales se les dio de alta en apenas unos días.

En el testimonio afirma que no se admitió a nadie más porque "no contaban con medios para atender a este tipo de enfermos". "Los geriatras me transmitieron que iba en contra de los principio de la bioética enviar a alguien a morir a un servicio de urgencias saturado o un pasillo en lugar de intentar darle confort y todo el tratamiento en su lugar habitual", detalla.

Los protocolos eran "recomendaciones"

Mur explicó al juez que, en estas circunstancias, "hay que aplicar protocolos en los cuales se trate al paciente donde más puede beneficiarse de dicho tratamiento", y justifica la existencia de estos protocolos dentro de un contexto "propio de una catástrofe".

El ex alto cargo insistió en que los protocolos dictados por la Consejería de Sanidad eran solo "recomendaciones", descargando la responsabilidad de lo sucedido en los médicos que no permitieron el ingreso de los mayores. En sus declaraciones afirma que los documentos se firmaron para que no quedara en los médicos la decisión de con quién utilizaban los recursos sanitarios que escaseaban.

Ahora Carlos Mur trabaja en el Servicio Andorrano de Atención Sanitaria, y en esta ocasión compareció como testigo en la causa mediante la cual se investiga la muerte de más de media docena de personas en las residencias Amavir Arganzuela y Adolfo Suárez, procedimiento en el que figuran como investigadas. Tan solo entre marzo y abril de los peores meses de pandemia, fallecieron en su residencia de Madrid sin ser trasladados a un hospital 7.291 mayores.

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