La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se niega a recuperar las 2.935 viviendas sociales vendidas en 2013 al fondo Azora-Goldman Sachs, tal y como le ordenó la Justicia el pasado 1 de febrero. Los pisos sociales fueron traspasados al fondo buitre por un precio inferior al mercado y han sido objeto de batalla judicial entre los inquilinos, y la Comunidad y el fondo durante los últimos años.
Sin embargo, el último recurso de los letrados de la Comunidad de Madrid, presentado el pasado 15 de febrero y al que ha tenido acceso el diario Infolibre, implica la orden del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso: renuncia por completo y voluntariamente a recuperar estas viviendas sociales.
El juzgado dio al Gobierno regional un plazo de 10 días para que iniciase los trámites para recuperar los pisos vendidos y el juzgado ordenó al fondo devolver íntegramente todo lo comprado durante la presidencia de Ignacio González. Se trata de 2.935 viviendas de protección oficial. Además, el juez ha prohibido al fondo seguir vendiendo los pisos a terceros, como ha estado haciendo durante los últimos ocho años, bajo la amenaza de actuar penalmente si continúa.
Recuperar 3.000 viviendas sociales, "una enorme complejidad"
Sin embargo, los letrados de la Comunidad de Madrid han seguido con su estrategia para retrasar la ejecución de la sentencia recurriendo a argumentos como que recuperar los pisos entraña una "enorme complejidad y volumen" al tratarse de 3.000 viviendas de protección oficial, el coste de los "trámites regístrales", la "dispersión" de registros o el riesgo de "ocasionar un perjuicio irreparable a miles de afectados", según recoge el escrito al que ha tenido acceso Infolibre.
La Comunidad de Madrid "reitera y mantiene que el alcance de la ejecución de la sentencia se limita a la vivienda de Don Rachid Bouikou", pero señala que en el auto "se declara que la sentencia de este Juzgado de fecha 21 de mayo de 2018 alcanza a la anulación de la adjudicación a Azora Gestión del contrato de enajenación de las 32 promociones y con ello de la totalidad de los inmuebles que las integran".
El recurso sigue explicando que "mantener la situación de las viviendas afectadas en el estado actual es la solución que garantiza más y de mejor forma los intereses implicados a la espera de la resolución del núcleo de la controversia", sin matizar los intereses.
Los letrados indican que "no parece aventurado afirmar que habrá otros muchos ocupantes que deseen que permanezca el status quo creado sin alteraciones de calado en su régimen jurídico". Por ello, "de seguidor adelante la reversión de las viviendas", se acometerían "trámites de enorme complejidad y volumen con los que se llegaría a una situación material difícilmente reversible".
Por ello, "de seguir adelante la reversión de las viviendas" se acometerían "trámites de enorme complejidad y volumen con los que se llegaría a una situación material difícilmente reversible". El primero de ellos sería "solicitar 2.935 certificaciones de dominio y cargas de las viviendas enajenadas con sus anejos vinculados (plazas de garaje y trasteros), 235 certificaciones de domino y cargas de las plazas de garaje no vinculadas y 45 certificaciones de dominio y cargas de los locales comerciales".
Además, los letrados señalan que dependiendo de la ubicación de la finca registra, deben realizarse hasta catorce registros diferentes en diez municipios distintos, la autoliquidación por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados; presentar una instancia por cada uno de los inmuebles en el Registro de la Propiedad correspondiente o abonar la inscripción efectuada, unos tramites que superarían el medio millón de euros.
Los letrados también señalan que "la concreción del importe quedaría de devolver la Agencia de la Vivienda Social a Encasa Cibeles S.L. requeriría tomar en consideración diferentes conceptos que implican una negociación sumamente compleja", ya que los 201 millones de euros, precio por el que fueron vendidas las viviendas, habría que sumar "gastos vinculados a la compraventa que asumió la adquirente como Notaría y Registro, intereses devengados o la determinación de las cuantías que en concepto de renta habría vendido percibiendo la sociedad por cada inmueble".
