La negociación entre PP y VOX avanza cada vez más rápido. La Comunidad de Madrid necesita ser desbloqueada y, mientras Ciudadanos se mantiene firme en su rechazo a rebajar su postura y negociar las exigencias programáticas de VOX, la formación de ultraderecha está hablando con el PP para intentar poner una solución a la inminente investidura.
Isabel Díaz Ayuso, la candidata del PP, ya ha contactado con Rocío Monasterio, su homóloga en VOX, para poner matices a las exigencias del partido y así poder llegar a un acuerdo final con el objetivo de investir a la popular como presidenta de la Comunidad. Lo preocupante en este punto es la flexibilidad que va a adoptar Díaz Ayuso en las negociaciones con la de extrema derecha, ya que las exigencias que desde su partido han presentado afectan a leyes sociales básicas, que apuntan directas a la libertad de las personas y los principales derechos humanos. Precisamente, Díaz Ayuso ya se ha mostrado dispuesta a revisar alguna medida, como la actual Ley LGTBI de la Comunidad de Madrid que lucha contra la violación de derechos del colectivo.
Barreras a la libertad educativa y LGTBI
El primero de los reclamos de VOX para respaldar al PP hace referencia a la libertad educativa. En este aspecto, el partido de Santiago Abascal pide vetar aquellos puntos de las leyes educativas y LGTBI madrileñas que permiten la "intrusión", aseguran, de asociaciones del colectivo en las aulas para dar a los menores de edad clases de concienciación sobre "su versión de la familia y las prácticas sexuales". VOX también pide reducir la capacidad de influencia y actuación de la órbita ajena a la familia y la Justicia en las decisiones que afectan, por ejemplo, al desarrollo de hijos transgénero.
Por su parte, Díaz Ayuso ya confirmó sus fórmulas legales con las que de manera concreta pretende evitar los supuestos casos de "intromisión y adoctrinamiento en las aulas", según informa OKDiario, tanto en materia sexual como en aspectos políticos o de otra índole. Donde sí coinciden ambas formaciones es en el desarrollo de mecanismos que garanticen la plena libertad de elección de centro educativo por parte de los padres.
Otra de las exigencias de la formación verde es la rebaja de impuestos en la totalidad de figuras tributarias madrileñas. En este punto no ha encontrado ningún inconveniente para alcanzar un acuerdo con el Partido Popular.
Expulsión de inmigrantes ilegales
Una de las materias más delicadas y en la que la formación de ultraderecha también quiere meter mano es la inmigración. En este sentido, el partido reclama la "identificación de inmigrantes ilegales en la Comunidad de Madrid para poder proceder a su inmediata expulsión". El equipo de Abascal exige una mecánica, defendida ya en Andalucía, que pase por poner a disposición de la Policía los datos de acceso a servicios sanitarios de inmigrantes sin papeles en regla. Por su parte, el PP ha esgrimido en este aspecto que existe una falta de competencias en materia de inmigración por parte de las comunidades autónomas.
Aunque el acercamiento entre PP y VOX sigue avanzando y parece que el acuerdo entre ellos es cada vez más inminente, lo cierto es que la tercera firma necesaria para garantizar el grobierno de derechas en Madrid sigue paralizada. Por su parte, Ciudadanos, y sobre todo su líder en la Comunidad, Ignacio Aguado, se mantiene firme en su rechazo a negociar ningún punto del texto redactado por VOX en el que exponen sus exigencias programáticas. Si esta situación sigue bloqueada, la investidura de la derecha sería imposible por lo menos a corto plazo, a pesar de su presente necesidad.
