El PP de Madrid ha registrado una modificación de las reformas de las leyes trans y LGTBI que aprobó hace unos meses, en la que recortaba las normas originales, con una causa abierta en el Tribunal Constitucional (TC).
El TC suspendió sus cambios en algunos puntos por inconstitucionales, planteando aspectos ya prohibidos en la Ley Trans nacional. Son aquellas personas que inicien una transición, a quienes se quería someter a una consulta con el médico para elaborar un informe que acreditara las intervenciones.
Esto supone una patologización de las personas trans, que fue eliminada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2018, puesto que dejó de considerar que estas personas sufrieran un trastorno mental.
El giro supuso el primer retroceso en derechos LGTBI de la democracia, que también modificaba una cuestión a la que el PP no se había opuesto en 2016, cuando gobernaba la Comunidad de Madrid la ex presidenta Cristina Cifuentes.
En ella se especificaba el respeto a la "imagen física del alumnado trans" y la "libre elección de indumentaria". El PP añadía que "sin menoscabo del debido respeto al resto de alumnos y las normas del centro educativo".
La norma permitía usar los vestuarios atendiendo a su identidad de género y especificaba que si los alumnos "realizan actividades diferenciadas por sexo, se garantizarán las necesidades del alumno transexual, sin menoscabo de los derechos y la intimidad de los demás alumnos, especialmente de las chicas", dejando en manos del centro de cada dirección del centro estos criterios. Se suaviza este criterio y queda prácticamente sin efecto la norma.
Recursos
El Gobierno central propuso dos recursos contra la modificación de las leyes trans y LGTBI en Madrid y el TC lo admitió a trámite por unanimidad, con la suspensión de los artículos recurridos que, según el Gobierno, invadían competencias estatales y limitaban los derechos de los ciudadanos.
También presentó un recurso el Defensor del Pueblo, que suspendió los artículos hasta que el TC dictara sentencia. Se aludía a una apertura hacia las "terapias de conversión", que patologizan a las personas trans y excluían a las organizaciones LGTBI de procedimientos penales o administrativos sancionadores por discriminación.
Los recursos finalmente han llevado al gobierno de la Comunidad de Madrid y el PP a cambiar las normas para evitar ahora que la sentencia del TC implique tumbar ambas leyes.
