La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha iniciado la tramitación de una ley ómnibus con la que busca modificar hasta 11 normativas autonómicas, entre las que se encuentra levantar la prohibición de cortar orejas y rabos a los animales de compañía.
Esta norma autonómica permanece vigente desde 2016, aprobada en el mandato de Cristina Cifuentes y cuando el PP dependía de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid con su apoyo explícito para sacar adelante las cuentas y el funcionamiento del Gobierno.
Ahora, con el PP bajo mayoría absoluta, la Comunidad de Madrid se apoya en un vacío legal en la Ley de Bienestar Animal, que dejaba fuera a los perros de caza y aquellos que se emplean en determinados trabajos.
Mientras que la normativa actual en Madrid prohíbe mutilar a los animales por motivos estéticos, el cambio permitirá como excepción "por motivos sanitarios y con carácter preventivo" para los perros de caza.
Un cambio que la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior sostiene que respeta la norma europea al limitar las intervenciones a casos supervisados por veterinarios. Se busca, argumentan que los animales puedan "mejorar su salud y evitar lesiones graves" durante las actividades de caza.
La oposición ha criticado la medida. Alejandro Sánchez Pérez, diputado de Más Madrid, denuncia que la iniciativa vulnera el Convenio Europeo de Protección de Animales de Compañía, ratificado por España en 2017 y considera que no existen motivos sanitarios reales que la justifiquen la medida.
Peticiones desde el mundo de la caza
Este cambio había sido especialmente reclamado desde el mundo de la caza. El sector sostiene que algunos perros destinados a la actividad cinegética son vulnerables a lesiones en orejas y colas al atravesar zonas con zarzas o terrenos complicados.
Por el contrario, el Consejo General de Colegios de Veterinarios de España indica que este tipo de mutilaciones realmente están prohibidas en la Unión Europea salvo algunos casos clínicos concretos por lo que, consideran, el argumento preventivo no se sostiene.
El artículo 10 del Convenio Europeo establece que estas intervenciones quirúrgicas deben prohibirse si no tienen fines curativos, aunque deja margen para excepciones. Sin embargo, países como Suecia o Noruega las prohíben abiertamente, incluyendo un fuerte rechazo social. La UE también trabaja en un nuevo reglamento para el bienestar de los animales que podría entrar en conflicto con la reforma legislativa madrileña.
