El Hospital Enfermera Isabel Zendal continúa acumulando polémicas. El centro, la construcción estrella del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que inauguró en diciembre de 2020 para hacer frente a la pandemia y que supuso un sobrecoste de más de 150 millones de euros, actualmente solo cuenta con 10 pacientes ingresados.
La tónica del hospital sin quirófanos sigue siendo la falta de transparencia pues, habiendo pasado lo peor de la pandemia, Ayuso continúa adjudicando a dedo el mantenimiento del edificio a una exconcejala del Partido Popular a quien ya cedió este servicio sin pasar por una contratación pública.
Según publica Cadena Ser, la presidenta regional ha vuelto a saltarse la libre concurrencia en los contratos que rodean al Zendal recurriendo al contrato de emergencia, una figura legal que permite saltarse este prefecto "cuando la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos". Algo que, a todas luces, no ocurre.
A dedo
El artículo 1 de la Ley de Contratos del Sector Público recoge que esta norma busca "garantizar que la misma (la contratación pública) se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato entre los licitadores". Algo que Madrid no habría seguido desde el mismo momento de la instauración de este centro gracias al formato de emergencia, que autoriza a evitar esa "publicidad y transparencia" recogida en el artículo 120 de esa misma norma.
Aunque todos los gobiernos, tanto regionales como el central, han usado esta figura extraordinaria, sin embargo la Comunidad de Madrid ha seguido haciéndolo para mantener vivo el Zendal, sobre todo después del pasado 30 de junio, momento en el que terminaron los contratos que se habían adjudicado a dedo para la conservación del edificio. En concreto, el de los equipos de electromedicina o su vigilancia, que por tercera vez han expirado sin que la Consejería de Sanidad haya abierto la licitación a la vía ordinaria.
Más de 4 millones
Sobre el contrato de vigilancia, se trata de la cuarta vez seguida que Ayuso ha entregado esta labor sin procedimiento público a Ariete Seguridad, empresa propiedad de Silvia Cruz, la que fuera número dos del Ayuntamiento de Alcorcón hasta 2017, durante el gobierno del PP. Así, esta compañía ha obtenido un total de más de 4.103.000 euros (3,1 millones los primeros tres años, más 987.413,71 euros en esta ocasión)
"Por la necesidad de dar continuidad a la prestación de estos servicios, se han vuelto a tramitar por emergencia hasta el 31 de diciembre de 2022", explican sobre esto desde la Consejería de Sanidad a la Cadena Ser. Han justificado la utilización de este procedimiento "hasta que pueda ser adjudicado un nuevo contrato por procedimiento ordinario".
