El Gobierno de la Comunidad de Madrid indemnizará a 15 residencias por los 'daños' producidos por la pandemia del coronavirus. Hay más de 6.000 mayores muertos en residencias en la región. Sus familiares llevan año y medio pleiteando contra los gestores de los centros y la propia Comunidad de Madrid para depurar responsabilidades. Ahora, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso pretende arreglar la solución a golpe de talonario.
Se trata de un conflicto iniciado a finales de marzo de 2020, cuando el Ministerio de Sanidad dio poderes especiales a las Comunidades Autónomas para intervenir las residencias, independientemente de su titularidad. La Comunidad decidió usarlos y trasladó a algunos usuarios a otros centros, mientras que en otros cambió a los gestores.
Al menos quince de las empresas que se vieron afectadas por estas políticas aplicadas en un contexto de máxima crisis sanitaria han reclamado una indemnización que ahora empiezan a cobrar gracias a la Comunidad de Madrid, que ha aprobado una partida específica para ello.
Una de esas residencias es Ballesol Mirasierra. Allí, la Comunidad trasladó a 45 mayores "la vista del rápido avance del la enfermedad y teniendo en cuenta la envergadura y evolución de la crisis sanitaria", según el convenio firmado entre Intrercentros Ballsol S.A. y la Consejería de Sanidad, con el que se pone fin a la reclamación de la empresa.
El documento, que publica la Cadena SER, asegura que la Comunidad de Madrid "tuvo la imperiosa necesidad de actuar de manera urgente". Por ello, el centro recibirá casi 269.000 euros en concepto de indemnización por un total de "3.017 días de estancia".
Esta residencia sufrió un brote a finales de marzo de 2020 en el que murieron una decena de mayores. Varios familiares han presentado una querella contra esta residencia. La Cadena SER recoge el testimonio de Alejandfra Rodríguez, que denuncia que la residencia impidió tener comunicación con su abuela, que finalmente falleció el 2 de abril.
"No llegamos ni a hacer una videoconferencia en un mes. Entonces no sabíamos en qué estado estaba, murió sin su familia. El problema con la residencia fue la incomunicación y que tampoco pusieron muchas medidas, no había EPIs, no había protocolos de seguridad y los único que hicieron fue echar a los familiares", denuncia al citado medio, donde muestra su perplejidad por el hecho de que se indemnice a la residencia y no a los familiares, que son los que han sufrido la pérdida.
15 centros por el momento
Hay al menos otros 14 centros que también serán indemnizados. La Comunidad de Madrid considera que los traslados forzosos tuvieron un carácter expropiatorio y que, por ello, las empresas y grandes corporaciones que dirigen estos centros merecen una compensación económica. Estos centros son los siguientes:
- Ballesol Mirasierra
- Ballesol Príncipe de Vergara
- Ballesol Alcalá
- Virgen de la Nueva
- Sanitas Carabanchel
- El Álamo
- Amavir Pozuelo
- Amavir Villanueva
- Orpea Madrid Aravaca
- Orpea Alcobendas
- Orpea Madrid Sanchinarro
- Orpea El Escorial
- Orpea Buenavista
- Orpea Santo Domingo Algete
- Valdeluz Leganés
Ballesol, a quien pertenece la residencia mencionada, se ha dado por satisfecha del pago anunciado por la Consejería de Sanidad madrileña. Ballesol se beneficia de tres de los convenios, Orpea de otros seis y Amavir de dos. Para realizar el pago se ha tomado como referencia un informe de la consultora KPMG pagado por residencias, la misma consultora que ya puso precio al coste de la sanidad privada durante la pandemia.
En principio se fiaba una compensación de 95,68 euros por paciente y día, pero la Consejería de Sanidad lo consideraba excesivo y finalmente redondeó a la baja, de forma que se estableció el pago de 89,14 euros tras excluir gastos en los que no había acuerdo entre las partes, como la inversión publicitaria de los centros o costes financieros.
Tampoco se tiene en cuenta el material enviado por las administraciones públicas y que la Consejería de Sanidad no ha cuantificado. Tampoco otros servicios, como las desinfecciones llevadas a cabo por la Unidad Militar de Emergencias (UME) en los centros.
La patronal de las grandes residencias, la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) explica que la colaboración se cerró cuando la Consejería de Sanidad pidió el traslado de pacientes de centros pequeños y con muchos contagios a otros más grandes y con mayor personal. Señala que se expropiaron plazas para alojar a estas personas y que ahora se ajustan cuentas con la Consejería de Sanidad: se empezó a negociar antes del verano y lo hizo cada centro de manera independiente con la Consejería de Sanidad.
