El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no agotó todos los fondos que tenían destinados a combatir la exclusión social en el 2020, año en el que explotó la crisis sanitaria. Concretamente unos 32,44 millones de euros fue el dinero que se quedó sin utilizar por parte del Ejecutivo, que en ese momento era una coalición de PP y Ciudadanos, según refleja el último informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas.
En 2020, la Comunidad de Madrid arrancó el año sin nuevos presupuestos, por lo que se tuvo que prorrogar las cuentas que había aprobado Ángel Garrido a finales de 2018. En su conjunto, estas cuentas ascendían a un total de 23.333 millones que, con el estallido de la pandemia en marzo de 2020, se vieron aumentadas hasta los 28.860 millones: "Este incremento es debido a la notable cuantía de las modificaciones presupuestarias derivadas, en buena medida, de la irrupción de la pandemia y la consiguiente necesidad de recursos destinados a abordar la atención a la situación generada", recoge el informe.
Este incremento hizo que se vieran aumentadas varias partidas, entre ellas el programa centrado en la lucha contra la exclusión social y denominado '232E'. A principios de 2020 esta partida contaba con un presupuesto de 260,9 millones de euros, que ya de por sí suponía una subida respecto a los 225 millones de 2019, y con las modificaciones presupuestarias aumentó a los 270,9 millones de euros.
Este incremento se produjo debido a que la pandemia amenazaba en su momento con disparar los niveles de pobreza y aumentar las desigualdades, algo que se experimentó en las calles con el aumento significativo de las colas del hambre.
Y es que a través de esta cuenta el Gobierno regional se dedica a dar apoyo a personas con dificultades para acceder al mercado de trabajo, financiar proyectos de integración e inclusión social, hacer frente a la discriminación por razones de identidad u orientación sexual, proporcionar atención a las personas sin hogar y dar cobertura para el mantenimiento y mejora de la red básica de servicios sociales apoyando a los centros municipales.
Grado de ejecución del 88%
De esta forma, el Ejecutivo no gastó todos los fondos de esta partida que están reservados a hacer frente a la emergencia social. Según el informe, uno de cada diez euros presupuestados se quedaron sin invertir, lo que supone un grado de ejecución del 88%, una cifra que se sitúa por debajo de la media de toda la Administración.
Además, este dato de ejecución fue el más bajo registrado en la historia de este programa: en 2019 se gastó el 99% de los fondos, frente al 94% de 2018, el 99% de 2017, el 98% de 2016 y el 100% de 2015. En los años anteriores, previos a la llegada de Cristina Cifuentes al Gobierno madrileño, el grado de ejecución de este plan se mantuvo siempre por encima del 95%.
