La Comunidad de Madrid padece un déficit significativo de rastreadores, algo que se evidencia en que al Consejería de Sanidad todavía no ha alcanzado la mitad de los 400 comprometidos.
Y algo más preocupante: prácticamente todos los casos detectados se clasifican como aislados en vez de como parte de un brote (oficialmente solo hay cuatro). Esto implica que Madrid puede estar teniendo problemas para agrupar positivos y localizar conjuntos de casos para saber qué zonas presentan un mayor riesgo de contagio.
Mientras se espera a que el Gobierno regional contrate a más efectivos (que espera externalizar con un contrato con Telefónica), surge una llamativa iniciativa del Gobierno de Ayuso: una orden publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCAM) que incluye un ratio de un cura por cada 100 pacientes. Para esto se destinará una inversión cercana al millón de euros públicos.
Ese gasto de un millón será anual, incluirá 73 capellanes y se produce tras un acuerdo entre la Consejería de Sanidad y la Provincia Eclesiástica de Madrid, que incluye la Archidiócesis de la capital así como la Diócesis de Alcalá de Henares (dirigida por el homófobo Reig Pla) y la de Getafe..
El acuerdo invoca a la Constitución Española y la Ley Orgánica de Libertad Religiosa con el objetivo de suscribir un convenio en el ámbito sanitario cuyo objetivo es el de "reconocer, proteger y posibilitar el ejercicio garantizado constitucional, legal y convencionalmente, del derecho a la asistencia religiosa de los enfermos católicos y sus familiares o allegados en los centros hospitalarios adscritos al Servicio Madrileño de Salud".
Con todo, se establewce un número de capellanes para garantizar la citada asistencia religiosa: se trata de un religioso por cada 100 camas, donde habrá un capellán a tiempo completo. Cuando la capacidad sea de entre 100 y 250 camas, habrá un capellán a tiempo completo y otro a tiempo parcial; de 251 a 500 camas habrá 2 capellanes a tiempo completo y otro parcial; entre 501 y 800 camas habrá tres capellanes a tiempo completo y, si se supera ese número, entre tres y cinco capellanes a tiempo completo.
Vigencia durante cuatro años
El convenio se fija durante los próximos cuatro años, por lo que superarará la actual legislatura y podrá ser prorrogado "por períodos bienales hasta un máximo de cuatro años adicionales", según reza el escrito publicado en el BOCAM.
La memoria económica del acuerdo prevé un total de 73 sacerdotes de los que 53 estarán a tiempo completo, mientras que los otros 20 restantes tendrán que encargarse de estas labores a tiempo parcial.
Para pagar las nóminas de los curas, la Consejería se gastará 937.187,76 euros anuales, (14.967,29 euros anuales por cada capellán a tiempo completo y 7.574 euros para los contratados a tiempo parcial), un dinero que saldrá de las arcas públicas en tiempos de pandemia.
