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Ayuso nombró a su consejera de Asuntos Sociales tras firmar un contrato de mascarillas con comisión para su hermano

Tomás Díaz Ayuso recibió una comisión de 234.000 euros por su intermediación.

Ayuso nombró a su consejera de Asuntos Sociales tras firmar un contrato de mascarillas con comisión para su hermano

La consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, fue nombrada consejera de Asuntos Sociales en junio de 2023, tras firmar el contrato por el que el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Tomás Díaz Ayuso, cobró una comisión de 234.000 euros durante los momentos más críticos de la pandemia del coronavirus.

Este contrato tenía como objetivo el suministro de 250.000 mascarillas FFP2 y FFP3, que fue ordenado desde el Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid (SERMAS). Este caso derivó en la apertura de una investigación desde la Fiscalía Anticorrupción que finalmente no apreció delito en la comisión de 234.000 euros que cobró entonces Tomás Díaz Ayuso.

Las facturas emitidas en 2020 por la labor del hermano de la presidenta incluyen tres para el pago de los importes acordados con la empresa del suministro y una cuarta "por un bonus de aproximadamente el 4% del importe de la adjudicación", según señala el escrito de la Fiscalía.

La actual consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ocupaba entonces el cargo de viceconsejera de Asistencia Sanitaria, que desempeñó entre septiembre de 2019 y octubre de 2020. Ella validó en abril de 2020 el contrato con la compañía Priviet Sportive SL por un valor de 1,5 millones de euros por la compra de mascarillas, que incluía la comisión para el hermano de la presidenta. Tres años después, fue ascendida a consejera de Asuntos Sociales.

El contrato se cerró el 1 de abril y la consejera firmó una resolución por la que se aprobaba la tramitación de un contrato para el suministro de "material de protección y mascarillas para el pabellón 10 de IFEMA". Se trata del espacio que, entonces, se habilitó para el tratamiento de los pacientes más graves.

Aquel contrato se asignó sin concurrencia y la empresa Priviet Sportive SL se comprometía a entregar 250.000 mascarillas FFP2 y FFP3 por cinco euros cada unidad. Todo el encargo superaba el millón y medio de euros, tras sumar al precio del material sanitario el IVA.

Su papel en la comisión de investigación de las residencias

Ana Dávila ha desarrollado su labor pública en el ámbito sanitario y fue un alto cargo que gestionó la pandemia del coronavirus. Hasta principios de octubre, como viceconsejera de Asistencia Sanitaria, también ejerció como directora del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y fue uno de los altos cargos que recibió los protocolos de no derivación a los hospitales, por los que se negaba el traslado de mayores de residencias para reducir la presión en los centros sanitarios.

Dávila fue incluida en la lista con decenas de cargos políticos propuestos por los partidos para su comparecencia en esta comisión, que solicitaron tanto el PP como Unidas Podemos, que incluía entonces cargos de todo ámbito, incluyendo al presidente del Gobierno Pedro Sánchez o al entonces vicepresidente, Pablo Iglesias.

De manera paralela, Dávila también entró como sustituta de Diego Sanjuanbenito por paternidad, al considerar el PP que era la persona más indicada para la investigación parlamentaria de los escándalos en las residencias de ancianos, basándose en su conocimiento. El PP aprovechó dicho encuentro para responsabilizar al Gobierno central de lo ocurrido, a pesar de que casi cuatro años después, en febrero de 2024, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha justificado los protocolos en una comparecencia de la Asamblea de Madrid que los mayores "no se iban a salvar en ningún sitio".

La entonces portavoz de Unidas Podemos, Paloma García, denunció que la Mesa de la Asamblea de Madrid, controlada por la coalición que mantenía a Isabel Díaz Ayuso en el gobierno, estuviera obstaculizando la investigación. "Han negado la palabra a las familias y solo han permitido que comparezcan los portavoces de plataformas", denunciaba entonces en declaraciones al diario El País.

Finalmente, tras la consolidación de su mayoría absoluta, la presidenta de la Comunidad de Madrid confirmó oficialmente el nombramiento de Ana Dávila como consejera de Asuntos Sociales.

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