La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha registrado el recurso contra el reparto de nueve millones de euros de los fondos europeos entre País Vasco, Navarra, Extremadura y Comunidad Valenciana... presentándolo en el juzgado equivocado.
El equipo jurídico de la Comunidad de Madrid ha registrado dicho recurso en la Audiencia Nacional, cuando el órgano competente en la materia, en realidad, se encuentra en el Tribunal Supremo. Una confusión que no le ha permitido seguir adelante, por ahora, con su iniciativa.
Los letrados del su gobierno, ahora, deberán rectificar y volver a anunciar el registro del citado recurso en el Contencioso-Administrativo en el Alto Tribunal. Una vez que haya pasado este registro, continuarán los trámites correspondientes: la Sala de Contencioso pedirá el expediente al Gobierno y, tras su estudio, deberá rechazarlo o permitirá la presentación oficial del recurso, momento en el que los abogados de la Comunidad de Madrid explicarán los argumentos jurídicos.
No será hasta el momento en el que se cumpla esa fase, cuando realmente comenzará el estudio sobre el reparto de los fondos y si se ha realizado realmente de una manera justa, ya que la vía Contenciosa funciona de modo diferente a la Penal. Además, el Tribunal Supremo no tiene tasados los tiempos para responder.
Críticas desde la Comunidad de Madrid
El reparto de los fondos europeos por parte del Gobierno central ha sido motivo de disputa entre Moncloa y Sol, a cuenta de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid considera arbitrario el sistema de reparto y cree que se ha realizado únicamente con criterios políticos y no técnicos.
El consejero madrileño de Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, anunció el recurso: "En nuestra opinión, eso supone un uso arbitrario de los fondos, y si no levantamos el dedo, podemos encontrarnos con que este sea el primero de una larga serie, y de ahí no sabríamos de cuántos recursos estaríamos hablando".
Lasquetty afirmó también que esta decisión se había adoptado tras estudiar "un informe por el que se da cuenta del ejercicio de acciones judiciales para interponer Recurso Contencioso-Administrativo contra el Real Decreto 902/2021, de 19 de octubre".
