La Comunidad de Madrid busca crear una historia clínica unitaria entre la sanidad pública y privada. Por ello, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha introducido una modificación en la ley ómnibus, con la que pretende cambiar la ley de Ordenación Sanitaria autonómica de 2001, de forma que los sistemas sanitarios públicos y privados puedan intercambiar los datos médicos de los pacientes, según publica El Diario.
La Consejería regional de Sanidad está trabajando en el marco legislativo que ampare esta norma, puesto que su aprobación necesita sustentarse en las garantías oportunas para que pueda salir hacia adelante sin que haya problemas.
Esta reforma contemplada en la ley ómnibus (un conjunto de reformas legislativas en diversos ámbitos), incluye también una mayor colaboración entre la sanidad públicas y privada. Y recoge, en su artículo 42, que los profesionales sanitarios de la región "podrán tener acceso a la información contenida en la historia clínica electrónica, tanto pública como privada, de los pacientes a los que prestan asistencia en el marco temporal que dure esa atención".
La norma modifica los artículos 22 y 25 de la Ley 12/2001, de 21 de diciembre, con el objetivo de que se pueda compartir la historia clínica entre entidades públicas y privadas, "lo que garantiza el derecho a la seguridad de los pacientes, a la integridad de sus datos de salud y a la continuidad asistencial", según justifica el Gobierno de la Comunidad de Madrid.
Sin embargo, el Gobierno autonómico, que dirige Isabel Díaz Ayuso, todavía no ha sabido concretar cómo se hará el intercambio de datos entre ambos sistemas sanitarios y la colaboración entre ambos.
Reticencias desde la sanidad pública, aplausos desde la privada
La medida ha generado sensaciones contrapuestas. Desde la sanidad pública, consideran que puede favorecer la privatización del sistema y que puede servir como un coladero para intereses empresariales, aunque también celebran que se facilitará la interoperabilidad de las historias clínicas.
El sector privado, por su parte, celebra la medida y considera que el mayor beneficiario es el paciente y el ciudadano, puesto que, entre otros motivos, se evitará duplicar pruebas innecesarias, una práctica que además genera un gasto innecesario para las arcas públicas.
La medida consolida, además, el establecimiento de la sanidad privada en la región, para que pueda seguir operando y dejar los tratamientos allí donde no son rentables, para que los pacientes continúen en la seguridad social. La Comunidad de Madrid cuenta con un 38% de la población con seguros privados, la tasa más elevada de España.
