El próximo jueves 26 de octubre se celebrará el pleno del Parlament en el que Puigdemont declarará la República Independiente de Cataluña. Este gesto agravará la crisis catalana, ya que la aplicación efectiva del artículo 155, que supone la intervención de la autonomía, está previsto para las siguientes jornadas.
Sin embargo, parte del Govern se ha mostrado disconforme con la deriva que está experimentando el procés y han reclamado que se baje el tono. Se teme que la imputación de un delito de sedición pueda terminar con todo el secesionismo encarcelado con penas de hasta 30 años.
En medio de estos debates, las plataformas independentistas temen que el Govern pueda terminar por frenar el proceso de independencia y se decida, por ejemplo, a convocar unas nuevas elecciones autonómicas que podrían terminar desactivando apoyos si los comicios se alargasen en el tiempo. Además, el PdeCAT teme que Junqueras exija ser cabeza de lista después de que las encuestas auguren que ganaría las elecciones.
En medio de toda discusión, los ayuntamientos y las bases más movilizadas del separatismo han decidido presionar al Govern desde el ámbito municipal para convencerle de la idoneidad de proclamar una DUI.
El pionero en tomar esta iniciativa ha sido el Comité de la República de Bellpuig, en concreto en la comarca de Urgelll en Lleida; pero a ella se han ido sumando muchas más como la Unió de Pagesos.
Su intención pasa porque los diferentes consistorios catalanes decidan proclamarse independientes del Estado español y dejen de acatar la legislación española, así como no reconocer a las autoridades nacionales.
Este sería el primer paso y una gran muestra de respaldo que llevaría a la Generalitat a reforzarse para proclamar una DUI justo antes de que se active definitivamente el 155. Una situación que podría crear dos gobierno paralelos y una situación institucional realmente sin precedentes en el último período democrático.
