El Ayuntamiento de la capital continúa la senda de reducción de la deuda promovida por el actual gobierno de Ahora Madrid. Desde el año 2015, momento en el que entró al gobierno el equipo de Manuela Carmena, la administración local ha reducido en un 40% su nivel de deuda. Esto sitúa al Ayuntamiento de Madrid, junto al de Las Palmas, en las primeras posiciones del ránking de reducción de deuda de toda España.
El consistorio madrileño acumuló récord de deuda durante la era de Gallardón. Las grandes infraestructuras, vinculadas a contratos urbanísticos desproporcionados, llevaron a la Corporación a padecer una situación insostenible con casi 8.000 millones de deuda en 2012.
Durante la era de Botella, su sucesora, la deuda disminuyó en unos 2.000 millones. Sin embargo, la reducción más acusada se está experimentando el actual gobierno. El grupo de Carmena ha convertido el compromiso de la reducción de deuda en una prioridad para el Ayuntamiento: su objetivo se trata de alcanzarla a través de la redistribución, ya que, por otro lado, la inversión social alcanza ahora mismo cifras récord.
No obstante, y pese a esta reducción del 40% en la deuda desde 2015, todavía queda un camino largo para el pasivo local, que acumula más de 3500 millones en estos momentos. Sin embargo, son los ayuntamientos las únicas administraciones que están cumpliendo con los compromisos de reducción de deuda.
El Ayuntamiento de Madrid y el de Las Palmas representan los dos casos más notorios, de una tendencia en administraciones municipales mantenida en ciudades de todo el Estado. Mientras, los gobiernos autonómicos y el estatal incrementan el dinero a deber: en los últimos cinco años la deuda de las comunidades ha crecido en un 95% y la del Estado en un 60%. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid en los últimos dos años ha visto crecer su deuda en un 16%.
La injustificada intervención de Montoro
Ante estos datos resulta cuestionable la aplicación de la Ley de Estabilidad a la administración local madrileña. Pese al buen desempeño de la administración de Carmena, Montoro ha intervenido las finanzas locales aplicando la regla de gasto.
Aunque el Ayuntamiento de Madrid esté reduciendo la deuda también mantiene un importante índice de gasto, especialmente gasto social sobre los sectores más críticos de la ciudadanía. Hacienda ha limitado este gasto, imponiendo un freno al desarrollo del ayuntamiento, y por tanto impactando en una limitación de recursos destinados a la ciudadanía. A pesar de que el Ayuntamiento de Madrid esté desarrollando un ajuste ejemplar de deuda, el gobierno central ha decidido castigar a la administración con esta limitación, una normativa que ha obligado a realizar recortes sociales que no entraban en los planes de Ahora Madrid.
La situación crítica generada en la administración local por la aplicación de este techo de gasto ha concluido en una proposición aprobada por el Congreso de los Diputados en mayoría para que el gobierno popular suavice la aplicación de la Ley de Estabilidad sobre los ayuntamientos, en especial el madrileño.
En el fondo de esta aplicación por parte de Hacienda se encuentra, sin duda, una estrategia política para dificultar el desempeño de una administración local de la oposición que estaba logrando unos resultados sorprendentes en sus cuentas sin aplicar recortes en servicios de bienestar para el ciudadano.
