La denominada España vaciada se ha convertido en uno de los grandes retos a nivel nacional. El Gobierno no se ha mostrado ajeno a esta realidad, que también buscan combatir las autonomías afectadas, puesto que España corre el riesgo de sufrir un grave problema de despoblación en gran parte de su territorio.
Una de las patas para combatir este problema ha llegado con una serie de ayudas directas que prepara el Gobierno central con el objetivo de facilitar para los jóvenes la compra de una vivienda en los territorios afectados por este fenómeno.
El Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, aprobado por el Consejo de Ministros y que ya aparece publicado en el BOE, establece subvenciones para jóvenes menores de 35 años de hasta 10.800 euros para la adquisición de viviendas en localidades de menos de 10.000 habitantes.
La ayuda tendrá un límite del 20% del coste de la adquisición de la vivienda, cuyo precio máximo no podrá superar los 120.000 euros. El plan establece que, en el supuesto de que la propiedad sea adquirida por varias personas, el importe de la ayuda que pueda recibir una persona beneficiaria, que compra parte e la misma, se determinará aplicando el importe de la subvención que correspondería al 100% de la vivienda del porcentaje de cuota adquirida.
Además de tener menos de 35 años, el joven que quiera beneficiarse de esta ayuda deberá haber suscrito a partir del 1 de enero de 2022 o estar en condiciones de suscribir un contrato público o privado de adquisición de vivienda localizada en un municipio o núcleo de pequeño tamaño, incluido el supuesto de vivienda a edificar y disponer de unas rentas anuales iguales o inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), en concreto 24.138 euros anuales.
El umbral será de cuatro veces el Iprem si se trata de personas con discapacidad y de cinco veces cuando dicha discapacidad se corresponde con los siguientes tipos: personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%, así como personas con discapacidad física o sensorial, con un grado reconocido igual o superior al 33%.
Un plazo de tres meses
Para poder disfrutar de esta ayuda, se ha concedido un plazo de tres meses, desde la notificación de la resolución de concesión de la ayuda, para aportar la escritura púbica o el contrato privado de compraventa que acredite la adquisición de la vivienda.
Para evitar la especulación, el plan contempla que la casa tendrá que ser residencia habitual del adquirente durante un plazo mínimo de cinco años desde su adquisición. Este plazo podría ser inferior cuando sucedan "cambios de domicilio por razones laborales o cuando se enajene la vivienda revirtiendo el total del importe obtenido con la enajenación en la adquisición de otra vivienda habitual y permanece que se adecúe a las nuevas circunstancias familiares del beneficiario".
El subsidio también conlleva una serie de excepciones. No se concederá la ayuda cuando la persona solicitante sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España. No se considerará así cuando se ha obtenido la vivienda por herencia o transmisión mortis causa sin testamento.
También serán exentos de este requisito quienes, siendo titulares de una vivienda, acrediten la no disponibilidad de la misma por causa de separación o divorcio, o no puedan habilitarla por cualquier otra causa ajena a su voluntad.
Junto a estas ayudas para la compra, el Plan de Vivienda también recoge ayudas a jóvenes de 35 años o menos para el alquiler en estos pequeños municipios siempre que se cumpla con el requisito de tener unos ingresos inferiores a tres, cuatro o cinco veces el Iprem.
El importe será del 60% para alquileres de hasta 600 euros (ampliables a 900 en algunos supuestos) y el subsidio será compatible con el nuevo Bono Alquiler Joven aprobado recientemente. En este caso, la cuantía de la ayuda será de hasta el 40% de la diferencia entre la renta y los 250 euros del bono, y la suma de las dos ayudas no podrá ser superior al 75% del precio del alquiler.
