La auditoría de abusos sexuales a menores de la Iglesia española desvela que (por el momento) son 4.000 las víctimas. La Conferencia Episcopal creaba esta comisión hace ahora un año para indagar en la red de agresiones dentro del seno de la Iglesia.
Las trabas impuestas por algunos obispos han ralentizado esta investigación que, por el momento, multiplica por ocho el número de afectados que hasta ahora ofrecía la Conferencia Episcopal, y es muy superior a lo que determinaban ciertas investigaciones periodísticas que habían indagado sobre el tema. Este informe se ha desarrollado tras haber realizado entrevistas a 120 víctimas además de haber repasado los archivos eclesiásticos de los últimos 70 años.
Los datos se consideran conservadores, ya que hay previsión de que puedan aparecer muchas más. Tomando como ejemplo la realizada en Alemania, que asignó 3.600 víctimas sexuales solo a la archidiócesis de Múnich, y a la de la Iglesia de Portugal, que llega a las 4.800.
Esta auditoría fue creada hace ahora un año. Los distintos contratiempos con algunas de las fuentes, que pusieron impedimentos, han provocado un atraso, por lo que el informe final no llegará a publicarse hasta dentro de unos meses, entre mayo y septiembre. Los obispados han sido los principales causantes de la ralentización de las investigaciones, ya que muchos se negaron en un principio a colaborar con la auditoría. Esto se ha añadido a la dificultad de acceder a documentos reservados.
Tampoco ha ayudado las diferencias colaborativas de las distintas diócesis. La de Madrid otorgaba la cifra de 121 víctimas de abusos, datos obtenidos a través del proyecto Repara. En cambio, la de Valladolid negaba haber encontrado ningún caso de abusos sexuales, a pesar de que El Independiente desvelaba la reubicación de un cura ordenada por el cardenal Blázquez por una serie de comportamientos con una menor. Asimismo, una docena de estas diócesis no posee oficina antiabusos. Por el otro lado, muchas congregaciones religiosas ya habían recopilado datos para otorgárselos a la auditoría y facilitar así la investigación.
La auditoría posee además como objetivo crear un manual de buenas prácticas y de prevención para la Iglesia. Se plantearán también recomendaciones de compensaciones económicas a las víctimas que se añadan a los pagos de tratamientos, algo que no será una obligación y a lo que muchos eclesiásticos se han mostrado contrarios.
Acuerdos entre abusadores y víctimas
Según ha desvelado E lDiario, existe un gran número de acuerdos extrajudiciales entre eclesiásticos denunciados por abusos y sus víctimas. En muchos de ellos, los afectados renuncian a los Tribunales.
Uno de ellos fue el caso de un sacerdote del Opus Dei que pagó 17.000 euros a una de sus víctimas para que no denunciara sobre los abusos. Dentro del acuerdo se incluía la prohibición de pronunciarse acerca de ese pacto y la renuncia a las acciones que le correspondieran contra la Iglesia, el Opus Dei, o él mismo.
Varias instituciones eclesiásticas se están preparando para hacer frente al pago de indemnizaciones. Aunque, el mayor contratiempo que puede encontrar la auditoría es la negativa de parte del episcopado a asumir responsabilidades, a pesar de la gran cantidad de abusos que se han y se siguen cometiendo dentro de su seno.
